El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, otorgó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión al Pueblo Indígena Nahua de La Magdalena Panoaya, dentro del expediente 660/2018, contra la imposición del convenio amistoso de límites territoriales firmado en 2014 por los ayuntamientos de Atenco y Texcoco.
La sentencia reconoce que se vulneró el derecho humano a la consulta previa, libre e informada, aplicando el Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fallo ordena a la Gobernadora del Estado de México, a la Legislatura local y a los presidentes municipales de Texcoco y Atenco restituir a la comunidad en el pleno goce del derecho fundamental violado.
Antecedentes del conflicto
El origen de la disputa se remonta al convenio de 2014 entre los ayuntamientos de Atenco y Texcoco, mediante el cual se pretendía fijar límites territoriales sin consultar a la comunidad indígena de La Magdalena Panoaya. Dicho acuerdo fue considerado por los habitantes como una imposición que desconocía su historia, sus derechos colectivos y su identidad territorial.
La comunidad interpuso un juicio de amparo en 2018, argumentando que se había transgredido su derecho a la consulta previa, libre e informada, tal como lo establecen la Constitución mexicana y los tratados internacionales en materia de pueblos indígenas. Durante ocho años, el litigio se mantuvo abierto, generando tensiones entre las comunidades vecinas y evidenciando la falta de mecanismos adecuados para resolver conflictos territoriales en la región.
Un fallo histórico
La resolución judicial representa un avance significativo en la protección de los derechos de los pueblos originarios del Estado de México, históricamente marginados en procesos de decisión sobre sus territorios. La Comisión de Límites Territoriales de La Magdalena Panoaya y las autoridades tradicionales hicieron un llamado a las instancias responsables para que cumplan la sentencia sin prolongar el litigio, y exhortaron a construir una nueva relación entre autoridades y pueblos indígenas, basada en el respeto a la Constitución y a los tratados internacionales.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, acompañante legal de la comunidad, será el encargado de preparar la Asamblea del pueblo que definirá la voluntad colectiva, en lo que se espera sea un cambio de paradigma en la relación entre las instituciones mexiquenses y los pueblos originarios.
