Justicia politizada

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Han pasado más de dos años y medio, es decir casi llega a la mitad de su sexenio la actual administración federal y en el pretendido combate del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción y enviar a la cárcel a los responsables de actos ilegales, los resultados alcanzados hasta el momento son sencillamente decepcionantes.
Es más, hasta el momento solo existen dos exfuncionarios del anterior régimen detenidos, pero uno de ellos, Emilio Lozoya Austin, quien fuera director general de Petróleos Mexicanos, goza del beneficio de reclusión domiciliaria y desde que fue extraditado de España en ningún momento ha pisado una prisión. Aunque, para la mala fortuna del actual gobierno, no ha podido implicar a algún otro ’político corrupto’.
El segundo es Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, a quien la han implicado en la llamada ’Estafa Maestra’, quien a pesar de sus reiteradas demandas para poder proseguir con su proceso legal fuera de la cárcel, no se le ha otorgado ese beneficio.
Al cumplir dos años presa difundió una carta donde tras calificar de injusta su reclusión indicó: ’El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos 4 muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. He aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor. México está en deuda con la justicia’; acusó a quienes ’cómodamente se han hecho a un lado para que todos los dardos se dirijan hacia mí. Han callado y lo hacen a sabiendas de que no me prestaría a ninguna farsa que los involucre ilegalmente’.
Pero de ahí en fuera no han logrado detener a otros que podrían ser considerados como ’peces gordos’ de la corrupción política de anteriores gobiernos e, incluso, falló la pretendida consulta popular para enjuiciar a exfuncionarios, aunque su intención final era llevar a proceso penal a los expresidentes.
En cambio se han ignorado denuncias contra funcionarios federales, como Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad; Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, así como Pío y Manuel López Obrador, por haber recibido efectivo para presuntamente apoyar a Morena, recursos que nunca fueron notificados a las autoridades electorales.
Pero en el caso de desafuero de dos diputados, Saúl Huerta y Mauricio Toledo, de Morena y del Partido del Trabajo, la mayoría legislativa aplazó al máximo su proceso en la Cámara Baja, incluso la fracción mayoritaria se negó reiteradamente a convocar una sesión extraordinaria para debatir el asunto. Hasta Ernestina Godoy, fiscal de Justicia de la Ciudad de México, criticó severamente esa inactividad.
A Huerta, acusado de violar sexualmente a menores de edad, Toledo, señalado de enriquecimiento ilícito, finalmente con un amplio margen fueron desaforados el pasado 11 de agosto, pero ¡oh, sorpresa!, el petista salió del país con rumbo a Chile desde el pasado 26 de julio, supuestamente por asuntos personales ya comprometidos con anterioridad.
Desde allá insistió en su inocencia y que sí regresará a México, pero seguramente es una falsa promesa. En tanto Huerta está literalmente desaparecido y se desconoce dónde se le puede encontrar, incluso el pasado viernes fueron cateados tres domicilios, dos de sus familiares y uno de su abogado, pero sin ser localizado.
Por ello se considera que el retraso en su proceso de desafuero resultó ser una estrategia para que ambos exlegisladores pudieran darse a la fuga, es decir recibieron apoyo para poder evadir la acción de la justicia.
En conclusión y aunque las actuales autoridades digan que no son iguales que las anteriores, la realidad demuestra que han caído en lo que tanto criticaban: el uso político de la justicia, donde buscan –inútilmente–, encontrar culpables de presuntos delitos únicamente para asegurar que trabajan para terminar con la corrupción, pero hace caso omiso de los casos cometidos y evidenciados por servidores públicos en funciones.
Sin duda las actuales autoridades federales lo lamentarán en un futuro, quizá no tan corto, probablemente en poco más de tres años, cuando concluya se periodo y los resultados finales les resulten adversos, pero tampoco podrán eludir el juicio de la historia.