’Javidú’ seguirá en la cárcel

A pesar de toda la expectativa levantada acerca de que si a Javier Duarte se le permitiría salir anticipadamente de prisión, la jueza Ángela Zamorano Herrera consideró que el exgobernador de Veracruz no cumplió con todos los requisitos establecidos en Ley de Ejecución Penal, razón por lo cual a pesar de haber cumplido con el 95% de su condena deberá seguir tras las rejas.
El pasado viernes la juzgadora declaró infundada la petición en una diligencia de poco más de una hora, al argumentar que Duarte de Ochoa incumplió con el requisito más importante: no contar con proceso penal vigente, ya que aún tiene pendiente un asunto por desaparición forzada en agravio, al dictársele auto de no vinculación a proceso, resolución impugnada por la Fiscalía de Veracruz y pendiente de resolverse en un Tribunal.
Sucede que al exmandatario veracruzano se declaró culpable, sin ir a juicio, el 26 de septiembre de 2018, por un caso de lavado de dinero con empresas fantasma, recursos invertidos en diversos bienes, aunque se le señaló por malversación de fondos federales por más de 62 mil millones de pesos, entre otros cargos que también se le imputaron.
Por supuesto, Pablo Campuzano, abogado defensor, aseguró que Duarte sí cumple con todos los beneficios para obtener su libertad anticipada, por lo que impugnará esa decisión.
Este caso se suma al de otros exgobernadores que han debido permanecer en prisión, acusados de algún tipo de corrupción como han sido los priistas Jorge Juan Torres López, de Coahuila; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit; Jesús Reyna García, de Michoacán; o los panistas Guillermo Padrés, de Sonora; y Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes; así como Narciso Agúndez, de Baja California Sur, quien fue electo bajo la coalición PAN-PRD-Partido Verde,
Lo relevante es que todos ellos fueron detenidos, juzgados y, en su caso, sentenciados durante las administraciones calificadas como neoliberales, mientras en la autollamada cuarta transformación no se ha ejercido acción legal en contra de algún político militante de Morena, a pesar de los señalamientos de corrupción e ilegalidades cometidas por Cuauhtémoc Blanco y Adán Augusto López, exgobernadores de Morelos y Tabasco, respectivamente, así como otros servidores públicos en funciones, tanto gobernadores como alcaldes, quienes siguen impunes.
Entonces, aquello de no robar, no mentir, no traicionar, de cumplir con la ’honestidad valiente’, de ’austeridad republicana’, como principales banderas, no dejan de ser simples frases de propaganda que no se aplican a la realidad.
Si en verdad desearan cumplir con esos propósitos, entonces sin importar que sean compañeros del mismo partido y tal como sucedió con anteriores gobiernos encabezados por la ahora oposición, los morenistas acusados de alguna irregularidad o ilegalidad deberían ser investigados imparcialmente para entonces someterlos a un juicio y, de comprobarse los ilícitos cometidos, entonces deben ser sentenciados y en su caso encarcelados.
Sin embargo, lamentablemente esa situación no deja de ser una simple ilusión porque hasta el momento no se percibe exista interés por proceder legalmente en contra de esos malos políticos.