Inicia padrón de telefonía móvil

Aunque como prueba piloto, el gobierno federal ya inició su tercer intento formal para establecer un padrón nacional de líneas de teléfonos celulares, todos han sido con el mismo fin: atacar la extorsión y el fraude, delitos cometidos bajo el anonimato de quien comete esos ilícitos.
El primero fue en 2010, con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), impulsado por la Secretaría de Gobernación, donde se solicitaba que los propietarios nombre, CURP y dirección, pero no funcionó por problemas de seguridad, duplicidad de registros y filtraciones de datos personales, cancelándose en 2012.
El segundo fue en 2021 con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), propuesto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y aprobado por el Congreso, donde además de la CURP se pedían datos biométricos, pero fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2022 por violar derechos a la privacidad y protección de datos personales.
Ahora se intenta con el registro Piloto de Usuarios que inició este mes, coordinado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán, por el momento sin datos biométricos, pero sí CURP e identificación oficial, información que deberá ser esguardada por las compañías, sin acceso directo del gobierno.
A partir de octubre, al entrar en vigor los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, entonces será obligatorio el registro de las nuevas líneas telefónicas en todos los puntos de venta de las diferentes empresas telefónicas.
En el caso de las líneas ya activas, la ATDT informó habrá un periodo para su registro, sin precisar cuándo iniciaría este proceso, aunque se aclaró que todas las compañías deberán habilitar la modalidad remota para facilitar este proceso a los usuarios, de acuerdo con el nuevo marco legal; así, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) deberá publicará en diciembre los lineamientos por cumplir las compañías para registrar a sus actuales usuarios.
Tal como sucedió en las dos anteriores ocasiones, este nuevo intento ya fue criticado por la oposición y por defensores de los derechos digitales, al argumentar que motivaría el espionaje de las personas, lo cual, por supuesto ha sido negado por las autoridades federales.
En los dos primeros intentos las presiones sociales funcionaron para ser cancelados, incluso en el segundo intervino la Suprema Corte, pero ahora en el previsible caso de que el asunto llegue a los nuevos ministros, será una de sus primeras pruebas para determinar a quién la otorgarán la razón: sí a las autoridades o a los usuarios inconformes.