Ineficacia de la CNDH

Seguramente habrá escuchado, oído o visto anuncios donde, entre otros puntos, se afirma que la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, es mucho más eficiente que las otras al presumir una gran productividad histórica.
Según esos mensajes actualmente ese organismo afirma ser más activo y cercano al pueblo, sin embargo, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre 2020 y 2024 la CNDH emitió mil 233 recomendaciones ordinarias y 170 por violaciones graves, por lo cual este periodo podría ser considerado como el más productivo en sus 35 años de existencia. Es decir este lapso representa, por sí sola, un tercio, el 30.1% del total de recomendaciones emitidas desde 1990.
Pero la mayoría de sus pronunciamientos concluyen sin consecuencias tangibles: no se corrigen las violaciones que pretenden reparar ni garantizan cambios estructurales en las instituciones responsables, ya que solo 16 de dos mil 31 recomendaciones generadas tuvieron un cumplimiento total, es decir, la probabilidad de éxito es de apenas uno entre cada 127 casos.
Incluso, se establece que 65.4% de las recomendaciones ordinarias resueltas se quedan en modalidades de aceptación parcial, con pruebas insuficientes o sin evidencia que sustente acciones concretas; un 32.8% permanecen ’en tiempo de ser contestadas’, una categoría ambigua que, en la práctica, sirve para evitar resoluciones claras y posponer el cumplimiento indefinidamente. Es más, en recomendaciones por violaciones graves, 84.3% se resolvieron con pruebas incompletas o aceptación parcial, y solo 1.9% llegó a un cierre pleno.
Al compararse estos resultados con los alcanzados entre 1990 y 1993, en la primera gestión de Jorge Carpizo McGregor, nueve de cada diez recomendaciones llegaban a una resolución completa, pero con el tiempo ese índice decayó hasta su punto más bajo hoy día, donde el cumplimiento total no solo es excepcional, sino sustituido por resoluciones parciales que no garantizan reparación ni transformación institucional.
Lo más grave es que entre 2020 y 2024, 41 casos de los cien ordinarios dirigidos a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Guardia Nacional están sin una respuesta definitiva, en el estatus de ’en tiempo de ser contestadas’, lo cual ha sido una salida preferente para evitar definiciones públicas y frenar procesos de rendición de cuentas.
Incluso, en 2023, año con mayor número de recomendaciones dirigidas a fuerzas de seguridad, cuatro fueron directamente rechazadas a pesar de estar relacionadas con hechos que involucran desapariciones forzadas, tortura o ejecuciones extrajudiciales.
Si bien el que la CNDH emita una recomendación tiene un valor simbólico, su fuerza real radica en su capacidad para transformar conductas institucionales y reparar el daño a víctimas, pero si la mayoría de estos documentos se queda sin evidencia, sin seguimiento o en una ambigüedad prolongada, el organismo pierde autoridad moral y legitimidad ante la sociedad.
Aunque Rosario Piedra Ibarra –cuya ratificación, por cierto, fue severamente objetada–, afirme que su gestión sea la más productiva y cercana al pueblo la realidad demuestra que no sucede así, con lo cual y como afirman reiteradamente voceros de la cuarta transformación, ellos no son iguales a sus antecesores, la verdad es que han resultado peores.