El sector productivo de Jalisco ha lanzado una advertencia contundente al Poder Legislativo: la democracia y la economía del estado no pueden permitirse ser "ingenuas" ante la creciente infiltración del crimen organizado en las estructuras oficiales.
En un encuentro realizado en el Congreso del Estado, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones, junto a líderes de diversos organismos, presentó una iniciativa de reforma constitucional para blindar las instituciones frente a la inminente captura criminal, un posicionamiento hecho bajo el visible temor fundado.
La cúpula empresarial manifestó que la inseguridad ya no solo se manifiesta en las carreteras o mediante el robo de carga, sino que ha mutado en una "extorsión institucionalizada".
Según denunciaron, el poder público está siendo utilizado en ocasiones para presionar a las empresas mediante inspecciones selectivas, clausuras arbitrarias y sobornos disfrazados de donativos o gestiones legales, mecanismos que laceran profundamente la productividad y desincentivan la inversión en las regiones del estado.
Por su parte, Guillermo del Río, presidente de Index Occidente, subrayó que, aunque Jalisco ha mantenido una inercia positiva en la atracción de inversiones y exportaciones récord, la vulnerabilidad jurídica y la falta de un Estado de derecho sólido actúan como un freno de mano.
Los industriales señalaron que la apuesta por generar empleo formal y desarrollo equilibrado en municipios fuera del área metropolitana está en riesgo si no se establecen candados efectivos que impidan que actores con vínculos delictivos accedan a cargos de decisión pública.
La propuesta técnica presentada al Congreso parte de dos ejes fundamentales para combatir la impunidad y el miedo que impide la denuncia.
Elevación de estándares de elegibilidad: Implementar filtros de integridad y antecedentes para cualquier aspirante a cargo público, similares a los procesos de reclutamiento de la iniciativa privada, para evitar que perfiles vinculados a estructuras criminales lleguen al poder.
Investigación de oficio: Fortalecer a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que pueda actuar ante indicios públicos y notorios de extorsión o uso indebido del poder, eliminando la dependencia exclusiva de una denuncia formal, la cual muchas veces no ocurre por temor a represalias contra el patrimonio o la familia de los empresarios.
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Julio César Hurtado, junto con la representación del grupo parlamentario del PAN, hizo suya la propuesta, calificando la situación actual como una "intromisión grosera" del crimen en la política. El legislador se comprometió a que la iniciativa no sea objeto de simulación y anunció la convocatoria a un Parlamento Abierto, plural y técnico, donde especialistas y sociedad civil puedan "arrastrar el lápiz" para convertir estas exigencias en leyes vigentes.
Los industriales concluyeron que, detener la captura criminal no debilita al sistema, sino que lo fortalece, asegurando que el voto sea auténtico y que las instituciones operen para los ciudadanos y no para intereses fácticos. La iniciativa fue entregada formalmente ante la Oficialía de Partes y será turnada a la Junta de Coordinación Política para buscar el consenso de todas las fuerzas políticas en el estado.
Estuvieron presentes entre otros, Noé Larios Jiménez, presidente de la Cámara Regional de la Industria de Curtiduría (CRIC) en Jalisco, Blanca Noelia Caro Chaparro, Directora General Industriales Jalisco, Mercedes Abundis Sánchez presidente de la CIMEJAL, Fernando acosta de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Luis González González Presidente del Consejo Coordinador Industrial Altos Sur (CCIAS), Raúl Guitron Robles presidente de la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC), Alfredo Cárdenas Garza, Delegado-Vice Coordinador de la CANACA;, José Genaro Sánchez Ramírez ´residente de la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas Delegación Jalisco (CANAGRAF).
