El Tijeretazo Político
Joaquín Bojorges
La muerte de dos capitanes de la Secretaría de Marina en menos de 24 horas ha encendido las alarmas sobre el alcance y las consecuencias de la red de huachicol fiscal que opera en puertos mexicanos. Aunque las autoridades insisten en que no hay relación directa entre los fallecimientos y la investigación en curso, el patrón es demasiado preciso para ignorarse.
El 7 de septiembre de 2025, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de navío y exjefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue hallado sin vida en su oficina en Tamaulipas. Su nombre había sido vinculado a la investigación de la FGR por presuntos sobornos relacionados con la descarga ilegal de combustible en abril de 2024. La versión oficial apunta a un suicidio por motivos personales, pero su rol en la cadena logística del puerto lo colocaba en una posición clave.
Menos de 24 horas después, el 8 de septiembre, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, también capitán, murió durante una práctica de tiro real en Puerto Peñasco, Sonora. Aunque se reportó como accidente, Del Ángel había ocupado cargos sensibles como jefe de la aduana en Manzanillo, Colima, antes de renunciar por acuerdo con autoridades federales.
Cinco muertes en un año: ¿casualidad?
Estas dos muertes se suman a una lista inquietante:
1. Sergio Carmona Angulo, Empresario alias ’Rey del Huachicol’ quien murio en noviembre del 2021 se dice que fue ssesinado tras acercarse a la DEA.
2. Magaly Nava, funcionaria de la FGR en Colima, Ejecutada en contexto de decomisos en Oct 2024
3. Fernando Guerrero, Contralmirante perdió la vida por ircunstancias no esclarecidas en 2025.
4. Abraham Pérez Ramírez, Capitán de navío, vinculado a sobornos en Altamira, al parecer se suicidó en Septiembre de 2025.
5. Adrián Omar del Ángel Zúñiga Capitán, exjefe de aduana en Manzanillo, nurio hoy en un entrenamiento en campo de tiro 9 de septiembre 2025.
La narrativa oficial insiste en que no hay conexión entre estos casos. Sin embargo, medios como Vanguardia, Diario de Morelos y Proceso han documentado que las muertes coinciden con momentos clave de la investigación, decomisos masivos y cambios en mandos portuarios.
En abril de 2024, la FGR decomisó más de 63,000 barriles de diésel en el puerto de Tampico. Se detuvo a 14 personas, entre ellas funcionarios portuarios y empresarios ligados a Carmona Angulo. La red operaba mediante sobornos, manipulación de manifiestos y uso de empresas fachada para descargar combustible sin pagar impuestos.
La Marina, encargada de la seguridad portuaria, quedó en el centro del escándalo. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido ’cero impunidad’, las muertes recientes plantean dudas sobre el alcance real de esa promesa.
Estos antecedentes nos lleva las preguntas obligadas ¿Purga, encubrimiento o colapso institucional?
La secuencia de muertes sugiere una posible purga institucional, donde mandos medios y altos vinculados al caso están siendo silenciados o presionados. También podría tratarse de una estrategia para evitar que testimonios clave lleguen a tribunales o medios.
La falta de transparencia, las contradicciones entre versiones oficiales y el silencio de la Marina refuerzan la percepción de que el Estado está más interesado en contener el escándalo que en esclarecerlo.
En un país donde el huachicol tradicional ha sido combatido con operativos espectaculares, el huachicol fiscal —más técnico, más institucional— sigue operando en las sombras. La ciudadanía merece saber si sus puertos están siendo usados como plataformas de corrupción con complicidad oficial.
