Hoy, la Suprema Corte de Estados Unidos emitió una sentencia, con cinco votos a favor, en la que señala que el presidente Biden tiene el poder de terminar con el Protocolo ’Quédate en México’ o MPP, por lo que llamamos a su administración a tomar todas las medidas necesarias para concluir el Protocolo y garantizar a las personas solicitantes de asilo en ese país el acceso al debido proceso y protección.
El Protocolo ’Quédate en México’ regresa a México a esperar sus procesos antes las Cortes de inmigración a las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos. Esta política fue implementada el 18 de diciembre de 2018 por la administración de Donald Trump y entró en vigor en enero de 2019. El 20 de enero de 2021 Biden firmó su eliminación al reconocer que es una política inhumana y puso fin oficialmente en junio de ese año. Sin embargo, a finales de 2021 un juez obligó a la administración a reinstalarlo y se puso en marcha el 6 de diciembre de ese año. De diciembre a mayo de 2022 se han regresado a más de 7 mil personas, 16% mujeres y 84% hombres. En todo el proceso, tanto en la administración Trump como Biden, el gobierno de México fue una pieza clave pues sin su colaboración esta política no habría podido implementarse.
’MPP es una política que no solo viola la legislación estadounidense también atenta contra la Constitución mexicana, sin embargo, ambos gobiernos han decidido mantenerla. Mientras, para las personas ha significado no acceder a protección internacional y poner doblemente en riesgo su vida, ya que no solo están escapando de sus países para salvaguardar su integridad, también corren peligro al ser regresadas a México. La tragedia de San Antonia, Texas del lunes pasado no es aislada ni fortuita, sino el resultado del cierre de fronteras de Estados Unidos y la militarización de la migración en México’.
Durante la primera vez que ’Quédate en México’ estuvo activo, enero 2019 a enero 2021, fueron regresadas a México más de 72 mil personas, 40% mujeres y 33% niñez. En ese periodo, de acuerdo con la documentación de Human Rights First se registraron más de mil 500 eventos violentos contra esta población como secuestros, extorsiones, violaciones, en el 100% de los casos estuvieron involucrados agentes del Instituto Nacional de Migración, policías de diferentes niveles y crimen organizado. Aunque el 15 de diciembre de 2020 varias organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por estos hechos, a la fecha no hay ninguna investigación. Mientras que desde 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente resolver sobre la inconstitucionalidad de la participación del gobierno mexicano en políticas como MPP que violan el debido proceso y la garantía de no devolución.
En su reinstalación, a partir de diciembre de 2021, han seguido los secuestros y las extorsiones, incluso se han documentado secuestros mientras las personas son transportadas por agentes de migración a albergues. De acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos, más del 76% de las personas regresadas a México a esperar sus procesos bajo MPP son de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
’Esta política ha significado impactos psicoemocionales en la vida de las personas que nadie alcanza a dimensionar. Para la niñez y la adolescencia ha significado vivir con estrés postraumático, ansiedad y estados permanentes de alerta, sumado al miedo de ser víctimas de violencia y la falta de acceso a necesidades básicas como salud, vivienda, educación y empleo, necesidades que se comprometió el gobierno mexicano a cubrir pero que no sucedió’.
’Otro de los grandes problemas de MPP es que las personas no tienen acceso a una representación jurídica. Durante la primera fase 95% de las más de 72 mil personas regresadas no pudieron acceder a una abogada o abogado lo que significó que solo el 1% pudieran ganar sus casos ante las Cortes estadounidenses. Mientras que a partir de su reinstalación solo el 0.53 % de todos los casos abiertos han podido acceder al asilo en Estados Unidos’.
Por lo que ante la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos llamamos al gobierno de Biden a tomar las medidas necesarias para poner fin a ’Quédate en México’ lo antes posible y restaurar los derechos de las personas con necesidades de protección internacional. Y al gobierno de México a dejar de participar y facilitar la implementación de políticas migratorias que violan los derechos de las personas, las ponen en riesgo y son contrarias a nuestra Constitución.
Ninguna política o medida migratoria que tenga como fin la contención o disuasión migratoria que avalen los gobiernos de la región será protectora de los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional y sí las colocará en riesgo de ser víctimas de actos violentos, y de buscar formas más peligrosas para salvar su vida.
