Con el objetivo de analizar las prioridades del gobierno mexicano en su política migratoria, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) publica el documento ’La Declaración de Los Ángeles de la IX Cumbre de las Américas y los compromisos de México’ en el que se muestran las promesas del Estado mexicano en la Declaración de Los Ángeles y las acciones que ha implementado para su cumplimiento.
En junio de 2022, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay firmaron la Declaración de Los Ángeles, como parte de la IX Cumbre de las Américas, en la que se establecieron las pautas para gestionar la migración en el continente bajo cuatro pilares: estabilidad y asistencia a las comunidades de origen, tránsito y destino; vías regulares de migración y protección internacional; gestión humana de la migración y respuesta de emergencia coordinada.
Como parte de la Declaración, México se comprometió a consolidar trabajo con Estados Unidos en: movilidad laboral y protección para la niñez y la adolescencia no acompañada en situación de movilidad; ampliar la integración en el territorio nacional de 20 mil personas refugiadas en tres años, a través del programa entre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); e implementar un programa de movilidad laboral con Guatemala, que entre otras cosas busca ampliar el programa de Tarjetas de Visitante Trabajador Transfronterizo (TVTF), de 10 mil a 20 mil. Pero esos compromisos no son nuevos, al tiempo que ha continuado respaldando las políticas migratorias estadounidenses para obstaculizar el acceso a protección internacional.
Por ejemplo, desde 1997 existe en México un programa de trabajadores transfronterizos. Ese año el Instituto Nacional de Migración empezó a emitir la Forma Migratoria de Visitante Agrícola (FMVA), documento que permitía a las personas guatemaltecas trabajar en los campos agrícolas mexicanos de Chiapas. En 2008 se sustituyó por la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF), que extendió las posibilidades de empleo a otros sectores en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, e incluyó a nacionales de Belice; adicionalmente, se expidió a las y los acompañantes de las personas migrantes por motivos laborales, pero sin el derecho de ser reconocidas como fuerza laboral. Esta figura se sustituyó por la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) y se reconoció en la Ley de Migración. Si bien este marco migratorio beneficia a algunas personas migrantes trabajadoras transfronterizas, se limita a pequeños grupos que cumplen con los requisitos exigidos por en el programa, dejando afuera a las mujeres migrantes, por lo que su implementación no es reciente ni resultado de la Declaración de Los Ángeles como se ha hecho creer.
Mientras que el programa de reasentamiento de personas refugiadas, además de ya implementarse no es suficiente si se toma en cuenta el número de solicitudes de asilo y de reconocimiento de la condición de refugiado anuales en el país. De acuerdo con ACNUR, entre 2011 y 2022, se ha logrado reubicar a 21 mil 935 personas reconocidas como refugiadas, frente a las 130 mil 038 solicitudes de asilo en 2021, de las cuales 21 mil 356 fueron resueltas positivamente; y las 118 mil 478 solicitudes de asilo de 2022, donde 21 mil 204 fueron resultas como positivas, estos datos frente a la promesa de 20 mil reasentamientos en tres años no resultan suficientes ni una prueba de voluntad política.
Sobre el Grupo de trabajo bilateral para la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad no se tiene más información que la aseveración de que se está trabajando en su puesta en acción.
Aunado a ello está la participación de la administración de Andrés Manuel López Obrador en acciones como parole para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; el recibimiento, por primera vez, de poblaciones no mexicanas expulsadas de Estados Unidos bajo Título 8; la aplicación CBP One; y el veto de asilo, pues no sólo acepta abiertamente las expulsiones que el gobierno de Estados Unidos crea pertinentes, sino que entra en la dinámica de ignorar que la aplicación de estas nuevas medidas presentan importantes barreras que transgreden los derechos humanos, en especial frente a la vulnerabilidad de quienes buscan protección internacional.
A un año de la Declaración de Los Ángeles el balance es pobre, las acciones siguen siendo de contención y criminalización de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, se disfrazan de novedosas y efectivas cuando se implementan desde hace años sin una respuesta positiva frente a la demanda; y México sigue ayudando a Estados Unidos a externalizar sus fronteras y a contener la migración antes de que llegue a la frontera norte, aún si por escrito pareciera que los esfuerzos se encaminan a la protección de las personas.
