Sociedad civil piden a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a hacer uso de las alternativas disponibles para la protección de las personas migrantes y sujetas de protección internacional que se encuentran en Chiapas, sustentadas en la Ley de Migración, la Ley de Refugiados Protección Complementaria y Asilo Político y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Estado mexicano cuenta con un marco legislativo nacional e internacional amplio para proteger a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encuentran en Chiapas, quienes se han visto obligadas a desplazarse forzadamente ante la falta de respuestas de las autoridades competentes, a través de la regularización y relocalización hacia otras ciudades de México.
Entre las propuestas de regularización se plantean: Formas Migratorias Múltiples para garantizar el traslado seguro de las personas a lugares del país donde tengan redes de apoyo mutuo; vínculo familiar, regularización de todas las familias con hijas o hijos nacidos en México; Residencias Temporales, de 1 a 4 años para quienes cuentan con una oferta de trabajo; estancia por Razones Humanitarias de 4 años, ya sea porque su solicitud de asilo está en proceso o porque existe una causa humanitaria o de interés público que hace necesario su internación o regularización en el país; además de implementar un programa de regularización migratoria, como lo ha hecho en varias ocasiones desde el 2000, y a través de las determinación del interés superior de la niñez. Todas estas figuras están contempladas en la Ley de Migración.
Por su parte, la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, de acuerdo con el marco jurídico internacional, establece la obligación de México de no devolución de personas refugiadas o con alguna necesidad de protección, evitando con ello su devolución a países en donde su vida y seguridad pudieran estar amenazadas.
Asimismo, la propuesta de relocalización o reubicación busca no sólo proteger y salvaguardar los derechos de esta población, sino también brindar a las personas la oportunidad de acudir a sus redes de apoyo para su inserción en la sociedad y evitar permanecer en lugares donde puedan acceder a derechos y evitar sobrevivir en condiciones precarias.
Estas opciones exigen tomar en cuenta los distintos contextos, perfiles y necesidades de las personas, además de colaboración interinstitucional en los tres niveles de gobierno, de agencias Naciones Unidas en México, de la sociedad civil y la academia, además de voluntad política para llevarlas a cabo. Por ello las organizaciones y redes, solicitamos una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con la finalidad de explorar las propuestas viables para evitar continuar con las violaciones a derechos humanos en contra de personas migrantes y sujetas de protección internacional.
Las personas migrantes y solicitantes de protección que actualmente se encuentran en Chiapas no representan una amenaza para la sociedad mexicana, por el contrario insertarlas en la sociedad supone una ventaja, pues no sólo contribuirán a la economía y desarrollo del país sino también a enriquecer nuestra cultura. En contraste, mantener el control migratorio, la criminalización y la represión dañan su integridad y separa familias, además de que promueve un ambiente de violencia, discriminación y xenofobia.
