Hoy, las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador anunciaron el restablecimiento del Programa ’Quédate en México’ o Migrant Protection Protocols (MPP), luego de que el pasado 14 de agosto un juez federal estadounidense ordenó al gobierno de ese país su reinstalación.
A diferencia del primer programa, que fue implementado de enero 2019 a enero 2021, que se limitaba a personas de países hispanoparlantes, en esta ocasión retornarán a personas de todo el continente, incluido Haití, a pesar de las dificultades que se han documentado para esta población que habla creol y sufre discriminación en México. El programa iniciará el lunes 6 de diciembre en San Diego, Calexico, Nogales, El Paso, Laredo y Brownsville.
En los dos años que estuvo abierto MPP se devolvió a México a más de 70 mil personas, de las cuales 40% eran mujeres y 33% niñez. La mayoría de las mujeres fueron víctimas de violaciones, secuestros y extorsiones sin que haya existido una reparación del daño. El miedo y la incertidumbre las acompaño a lo largo de toda su espera en México. Mientras que la niñez estuvo expuesta a condiciones de estrés post traumático.
En el caso de las mujeres haitianas que se vean obligadas a entrar en este programa incrementarán sus condiciones de vulnerabilidad, no sólo por el riesgo de ser devueltas a su país -para las mujeres y las niñas, la vida en Haití es insostenible en medio de una crisis política que no les garantiza una vida libre de violencia y una sociedad profundamente patriarcal-, sino por las barreras del idioma, el racismo, la discriminación en razón de género y la xenofobia que experimentan en territorio mexicano.
En este escenario, reinstalar MPP nos hace cómplices de que las mujeres, la niñez y la adolescencia vivan con miedo, estrés y en condiciones inhumanas porque como país no pudimos defender nuestra soberanía y negarnos a participar en una política que no sólo ponen en peligro la vida de esta población, sino que es contraria a nuestra legislación. Ninguna mujer que huye de la violencia y la persecución merece vivir con miedo y con la indiferencia de las autoridades.
El nuevo programa establece medidas parecidas al programa anterior que nunca se cumplieron, como protección a la unidad familiar, acceso a servicios legales, acceso a albergues, algunas exenciones para grupos vulnerables y acceso a la vacuna contra la COVID-19. A pesar de las medidas anunciadas, no hay forma de que MPP pueda volverse un programa con una visión de protección y humanitario porque expone a la mujeres y sus familias a condiciones de violencia mientras esperan los 6 meses de su proceso de asilo del lado mexicano, sin poder reunirse con abogados para desarrollar sus casos. El mes pasado organizaciones que dan servicios legales a solicitantes de asilo en Estados Unidos anunciaron que en esta ocasión no darán asesoría legal a personas bajo MPP porque sería avalar un programa que viola el derecho que están tratando de proteger.
MPP viola la legislación nacional estadunidense, el derecho al debido proceso, el principio de no devolución, y rompe la promesa de la administración Biden de eliminar las políticas que menoscaban el derecho al asilo en su país. Mientras que México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, decidió promover el reinicio de MPP a pesar de conocer las graves violaciones de derechos humanos en las cual incurrió en el programa pasado, y de que viola la Constitución y los compromisos asumidos internacionalmente. Desde 2020, las y los ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la revisión de un amparo (302/2020), promovido el 4 de abril de 2019, en contra de la participación del Estado mexicano en políticas contrarias a nuestra legislación, como ’Quédate en México’.
A cambio de la participación de México en MPP, ambos países firmaron un acuerdo conjunto de entendimiento que anuncia ’la iniciativa Sembrando Oportunidades, un nuevo marco de cooperación para el desarrollo orientado a abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde el norte de América Central’, iniciativa que ha sido estandarte del gobierno mexicano en el tema migratorio. Aunque es importante promover el desarrollo hacia el futuro, no puede ser a cambio de poner en peligro a personas que hoy están huyendo de la violencia en la región.
’Nuevamente el gobierno de México se vuelve cómplice de la violación a derechos de las personas solicitante de protección internacional, las ofrece como moneda de cambio y no aprende de su historia reciente. Durante los dos años que estuvo activo MPP, la mayoría de la población regresada a territorio mexicano permaneció en condiciones inhumanas y fue víctima de secuestros, violaciones y otros actos violentos -incluso la muerte-, agresiones cometidas por agentes de migración, policías y crimen organizado. A la fecha no existe ninguna investigación por parte del gobierno mexicano sobre estos hechos’.
Cabe señalar que el pasado 9 de noviembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 80/2021, dirigida al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, por la violación de diversos derechos, entre ellos el interés superior de la niñez y el principio de no devolución, en contra de una mujer haitiana y su familia quienes contaban con un proceso abierto de asilo en México. Esta recomendación evidencia la incapacidad del Estado mexicano de garantizar los derechos de las personas con necesidades de protección internacional, como la incluida bajo ’Quédate en México’.
