La respuesta del gobierno federal ante el brote de gusano barrenador en Nuevo León ha generado fuertes críticas por parte de ganaderos independientes, quienes acusan a la administración de Claudia Sheinbaum de actuar con negligencia y favorecer indirectamente a grandes corporativos como SuKarne. Mientras el Ejecutivo asegura que ’el acuerdo con Estados Unidos para reabrir la frontera va muy adelantado’, los pequeños productores denuncian que las medidas sanitarias son insuficientes y que el control del brote ha sido tardío y opaco.
El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), una larva que se alimenta de tejido vivo en heridas abiertas, fue detectado en un animal proveniente de Veracruz, interceptado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Aunque el gobierno afirma que se trató de un caso aislado y que las larvas estaban en fase temprana, ganaderos locales advierten que la plaga ya ha sido identificada en múltiples municipios de Yucatán, lo que sugiere una expansión más grave de lo que se reconoce oficialmente.
Subsidios encubiertos y concentración de beneficios
Organizaciones rurales señalan que las medidas de control —como baños garrapaticidas, inspecciones y movilización controlada del ganado— están diseñadas para facilitar la exportación de animales desde grandes centros de acopio, beneficiando a corporativos como SuKarne, que concentran la infraestructura y los permisos sanitarios. ’Mientras los pequeños ganaderos enfrentamos restricciones y pérdidas, los grandes exportadores reciben apoyo técnico y acceso preferencial a mercados internacionales’, denunció un representante de la Unión Nacional de Productores Independientes.
Crimen organizado y tráfico de ganado
La falta de vigilancia efectiva ha abierto la puerta al tráfico ilegal de ganado, una actividad que, según fuentes de seguridad, involucra a redes del crimen organizado que operan en estados como Veracruz, Tamaulipas y Chiapas. Estas redes aprovechan la debilidad institucional para mover animales sin control sanitario, evadir impuestos y lavar dinero mediante operaciones ganaderas simuladas.
Expertos en seguridad agroalimentaria advierten que el tráfico de ganado no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también distorsiona los precios del mercado y desplaza a productores legítimos. ’El ganado infectado puede ser vendido en zonas rurales sin inspección, y en algunos casos, incluso exportado con documentación falsa’, señala un informe interno del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
¿Tolerancia o complicidad?
La administración de Sheinbaum ha sido cuestionada por su aparente tolerancia ante estas irregularidades. Aunque la presidenta ha pedido a Estados Unidos que base sus decisiones en ’criterios técnicos y no discrecionales’, críticos señalan que el gobierno no ha transparentado los protocolos de inspección ni ha sancionado a los responsables del brote.
’Hay una omisión sistemática que beneficia a los grandes y deja en la indefensión a los pequeños. La falta de acción frente al tráfico ilegal de ganado sugiere complicidad o, al menos, una negligencia grave’, afirmó un analista de políticas rurales.
Exigen auditoría y medidas urgentes
Ganaderos independientes, organizaciones civiles y expertos en sanidad animal exigen una auditoría pública sobre el manejo del brote, la trazabilidad del ganado infectado y los beneficiarios de los subsidios sanitarios. También piden reforzar la vigilancia en rutas ganaderas, transparentar los acuerdos con Estados Unidos y garantizar que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.
La crisis del gusano barrenador se ha convertido en un espejo de las tensiones estructurales del campo mexicano: concentración de beneficios, debilidad institucional y una creciente infiltración del crimen organizado en sectores productivos clave.
