En un golpe de timón jurídico que marca un precedente nacional, el Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad Judicial de Zapopan, Jalisco, ha comenzado la admisión sistemática de amparos promovidos por cientos de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes buscan protegerse de la política de reducción de pensiones denominada ’Jubilaciones Doradas’.
A diferencia de lo ocurrido en otros distritos del país como Monterrey, donde los recursos legales han sido desechados o turnados a juzgados especializados en la Ciudad de México bajo criterios restrictivos, en Guadalajara la estrategia legal encabezada por el abogado defensor Rubén Martínez Bocanegra ha logrado que los jueces federales reconozcan la procedencia de las demandas al evitar la mención directa del decreto presidencial, enfocándose en la defensa de los derechos adquiridos y la ilegalidad de las órdenes de descuento que pretenden materializarse.
El litigante confirmó que, hasta el momento, existen aproximadamente 22 amparos presentados en Jalisco que se mantienen bajo jurisdicción local, destacando el caso resuelto por el Juzgado Sexto en Materia Administrativa, el cual no solo admitió a trámite el recurso de un afectado, sino que otorgó una suspensión definitiva que ordena a la Secretaría de Hacienda y al Director de la CFE abstenerse de realizar cualquier descuento a la pensión del jubilado, señalando además fecha de audiencia para el próximo mes de mayo. No obstante, este avance jurídico se da en un clima de alta tensión y presuntas tácticas de hostigamiento.
Martínez Bocanegra denunció la existencia de "mensajes persuasivos" y actos de intimidación velada por parte de personajes que operan en las inmediaciones del Poder Judicial, quienes han cuestionado la presentación de estos recursos fuera de la capital del país, intentando disuadir a la defensa bajo el argumento de que el tema debe centralizarse. De igual forma, se ha reportado que algunos jueces federales han emitido prevenciones insistentes, bajo protesta de decir verdad, para obligar a los quejosos a reconocer que el acto reclamado emana directamente del decreto presidencial, una maniobra que, de ser aceptada por los jubilados, derivaría en el desecho automático de los amparos por tratarse de modificaciones constitucionales que la Ley de Amparo, en su artículo 61 fracción primera, declara improcedentes.
Ante este escenario, la defensa ha mantenido una postura firme de desconocimiento de dicha orden específica para evitar el bloqueo legal, logrando que los expedientes sigan su curso en los ocho juzgados administrativos de la entidad.
La preocupación entre el gremio de jubilados es latente, especialmente ante la cercanía del 30 de abril, fecha identificada como crítica para la transición administrativa de las nóminas hacia el centro del país.
Los afectados, muchos de los cuales cuentan con compromisos financieros, seguros de gastos médicos mayores y gastos de vida vinculados a sus percepciones actuales, perciben esta reducción no como el fin de un privilegio, sino como un atropello a contratos colectivos y dictámenes de jubilación firmados hace décadas tras una vida de servicio productivo.
El abogado Martínez Bocanegra advirtió que la estrategia no se detendrá en la protección inmediata de los ingresos, sino que ya se preparan amparos adicionales contra leyes secundarias y cualquier otra normativa que violente la esfera económica y jurídica de los ex trabajadores de la paraestatal. Mientras tanto, el éxito de los recursos en el Tercer Circuito frente al rechazo en el Cuarto Circuito de Nuevo León pone de manifiesto una discrepancia de criterios que será fundamental en la batalla legal que se avecina, donde la justicia federal en Jalisco se erige, por ahora, como el último bastión de defensa para los jubilados frente a las disposiciones del Ejecutivo Federal.
