Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), busca evadir que la investigación aún abierta determine su responsabilidad penal por la muerte de 40 migrantes y 27 más sobrevivientes lesionados en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, al proponer una ’solución alterna’ al juez de Control, Víctor Mario Hernández, a cargo del caso, quien tomará la decisión de aceptarla o no, en una audiencia a celebrarse este 22 de septiembre. El aviso a las y los representantes jurídicos se hizo sólo tres días antes de la audiencia.
¿Qué es una solución alterna del procedimiento? Es una vía legal –reconocida por el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)– que le permite a las personas imputadas terminar el proceso penal en su contra de manera alternativa, a través de dos opciones: 1) un acuerdo reparatorio (que implica una negociación con las víctimas) o 2) de la suspensión condicional del proceso, la cual incluye un plan de reparación, que es admitido o no por el juez. Éste último es el que acompaña la propuesta de Garduño, es decir, de ser aceptada la solución alterna, sería un juez y no las víctimas quienes lo aceptan o no.
’En otras palabras, es una forma de obtener la absolución, sin que las investigaciones y el resultado de éstas le finquen responsabilidad penal alguna por el atroz hecho del 27 de marzo’, Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia (FJEDD).
A diferencia de los otros 10 imputados en el caso —9 de ellos funcionarios públicos—, acusados de homicidio y lesiones, Garduño tiene la opción de acceder a la solución alterna porque el delito que se le imputó: ’ejercicio ilícito de servicio público’, es un delito considerado no grave, razón por la cual también es el único involucrado del caso que enfrenta el proceso en libertad.
Como organizaciones acompañantes de las víctimas nos alarma que un funcionario de alto rango quiera evadir de esta manera la justicia, pues de concederse la ’solución alterna’ quedaría libre de investigaciones y sus respectivas responsabilidades, aún cuando la investigación continúa en curso y no se han concluido las periciales y dictaminaciones pertinentes, tanto para cuantificar la magnitud el daño que sufrieron las víctimas, como para determinar si Garduño es responsable por otros delitos de mayor gravedad.
Las implicaciones de que se le conceda a Garduño la ’solución alterna’ es de gran relevancia social, pues implica dejar impunes los hechos que fueron calificados como graves violaciones a derechos humanos, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Además, nos preocupa que la investigación penal se enfoque en investigar y sancionar a las personas migrantes y no a los altos mandos del INM, quienes ejecutan las políticas migratorias de detención y privación ilegal y arbitraria de la libertad, políticas que tienen como consecuencia, en muchos de los casos, la muerte de personas migrantes.
Como organizaciones acompañantes de las víctimas, no hemos dejado de señalar la responsabilidad del comisionado, como la máxima autoridad en el INM, cargo al que no ha renunciado, pese a los graves hechos ocurridos y otros antecedentes similares por los que la CNDH ha emitido las Recomendaciones 69/2020 y 111VG/2023.
El silencio cómplice de la CEAV
Tampoco queremos dejar de señalar que Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV,) ha cancelado en tres ocasiones a las y los senadores que integran el Grupo de Trabajo Plural de seguimiento al incendio en la estancia migratoria, además de ignorar las solicitudes de reunión con la representación jurídica de las víctimas.
Su inasistencia a estas sesiones y su silencio frente a las solicitudes de las víctimas manda un mensaje claro de omisión y silencio en el caso de las 82 personas migrantes víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez (40 fallecidos, 27 lesionados y 15 mujeres sobrevivientes).
Por su ausencia en tercera ocasión consecutiva, el Grupo Parlamentario Plural emitió un extrañamiento y, a través de comunicado, calificó la pretensión de ’solución alterna’ como un ’chantaje institucional’ y advirtió que buscaría a Luisa María Alcalde, secretaría de Gobernación –de la que depende la CEAV– para tratar este tema.
