Maullidos Urbanos
Gato de Barrio
La no aprobación de la reforma eléctrica no ha sido el único fracaso entre las diferentes propuestas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de la austeridad republicana, pero sin duda ha sido la más dolorosa y difícil de aceptar no solo por el presidente sino también por Morena, su partido.
Desde noviembre de 2018 se expidieron tres leyes, como la Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que determinó el salario máximo a 108 mil pesos netos mensuales y eliminó las compensaciones; la Federal de Austeridad Republicana que incluía una veda de diez años a los funcionarios para trabajar en empresas de la iniciativa privada con las cuales hubieran tenido relación directa durante el desempeño de sus funciones.
Una más fue la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos donde se fijó que ningún funcionario de la Administración Pública Federal tendría una remuneración más alta que la del presidente y pensiones y jubilaciones se ajustarán a las leyes de seguridad social.
Según información de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, del 5 de noviembre de 2018 hasta diciembre de 2019, se habían presentado nueve mil 683 amparos directos e indirectos contra la pasada Ley Federal de Remuneraciones y Ley Federal de Austeridad Republicana, en todos los circuitos de la República Mexicana.
Pues ante esos amparos el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), votó por unanimidad por invalidar varios apartados de la Ley Federal de Austeridad Republicana, como el de la limitación para no contratarse en una década, al considerarse que es una medida desproporcionada y que afecta el derecho al trabajo.
Por ejemplo, se ordenó devolver salarios y prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro, ayuda para automóvil y club deportivo, a 50 funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tras declarar inconstitucional la Ley Federal de Remuneraciones.
Mediante otra resolución se eliminó el control que el presidente pretendía ejercer, de manera discrecional, sobre los ahorros federales mediante la aplicación de medidas de austeridad, al establecer que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
Con estos ejemplos se comprueba que el gobierno federal no ha podido cumplir con sus propósitos de presunta austeridad, pero ello se debe a que no fundamenta adecuadamente esas propuestas. Pero hay más aristas que serán comentadas mañana.
