La publicación del informe ‘Desapariciones en México’ por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no solo confirma una tragedia humanitaria, sino que desnuda la inoperancia —o la complicidad— de un Estado que ha permitido que Jalisco se convierta en el epicentro del reclutamiento forzado.
Las cifras y los testimonios contenidos en el documento transforman la percepción de la violencia en la entidad: ya no se trata solo de grupos delictivos en pugna, sino de una maquinaria sistemática de absorción de adolescentes y jóvenes que opera ante la mirada indolente de las instituciones.
La geografía del horror está claramente delimitada.
Los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, Tonalá y Lagos de Moreno no son solo puntos en un mapa, sino zonas de alta incidencia donde el tejido social ha sido reemplazado por estructuras criminales.
Lo que la CIDH califica como reclutamiento "voluntario" es, en realidad, el síntoma más cruel de la violencia estructural. No hay libertad de elección cuando la alternativa es la pobreza extrema, la exclusión social o la amenaza directa contra la familia.
El Estado mexicano, al fallar en su deber de garantizar seguridad y oportunidades, ha entregado a sus jóvenes al crimen organizado como una forma de búsqueda de "pertenencia y reconocimiento".
El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán es el símbolo más abyecto de esta degradación. El hecho de que un sitio destinado al entrenamiento, asesinato y desaparición de personas haya operado de forma prolongada, incluso habiendo estado previamente bajo custodia estatal, es una afrenta directa a la dignidad humana.
Resulta insostenible el argumento gubernamental que niega la aquiescencia; la CIDH es tajante al señalar que la falta de intervención y la ausencia institucional encuadran perfectamente en la definición internacional de desapariciones forzadas. Si el Estado sabe dónde ocurre el delito y no lo impide, o si sus omisiones permiten que el horror se perpetúe, la responsabilidad es irrefutable.
Mientras el organismo internacional vincula a Jalisco con el fatídico Corredor del Pacífico —donde la desaparición es la moneda de cambio del narcotráfico—, las autoridades locales intentan matizar la crisis con boletines semanales de localizaciones. Reportar 31 personas localizadas en una semana, frente a un flujo incesante de nuevas denuncias y la existencia de centros de exterminio como Izaguirre, parece más un ejercicio de control de daños que una estrategia real de justicia.
La realidad que describe la CIDH y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU apunta a una sistematicidad generalizada que sobrepasa por mucho los protocolos de búsqueda inmediata de la Fiscalía.
Jalisco no solo es el estado con más desapariciones; es el laboratorio de una crisis de derechos humanos que el Estado mexicano sigue intentando gestionar con estadísticas vacías mientras el reclutamiento forzado sigue devorando a una generación entera.