A 34 años del fin del reparto agrario, persiste un rezago de más de 20 mil expedientes que nunca fueron resueltos por los Tribunales Agrarios, lo que ha dejado fuera del acceso a la justicia a comunidades indígenas y núcleos campesinos. En el Estado de México, se estima que alrededor de 400 comunidades continúan sin reconocimiento ni titulación legal de sus tierras, pese a ser guardianas históricas de los bosques y del agua que abastecen a millones de personas en zonas urbanas.

Durante un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Max Correa Hernández, dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista (CCC), advirtió que estas comunidades enfrentan diariamente presiones de grupos económicos, intereses inmobiliarios, actores políticos y estructuras criminales que buscan apropiarse de sus territorios. “Hoy, donde antes se sembraban alimentos, muchos pretenden sembrar desarrollos urbanos y especulación inmobiliaria. El debilitamiento del sector agrario debilitó también la capacidad del Estado mexicano para garantizar justicia territorial, sustentabilidad ambiental y paz social en el campo”, señaló.

La CCC pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atender las demandas históricas del sector, entre ellas el reconocimiento legal de comunidades indígenas agrarias, el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar justicia social en el campo y la incorporación del rezago agrario como prioridad nacional. También plantearon la creación de un Programa de Conciliación y Justicia Agraria en el Bosque de Agua, con perspectiva de respeto a los derechos de la naturaleza, y la formación académica de abogados agrarios, representantes ejidales y autoridades comunitarias.

Finalmente, solicitaron la instalación de una mesa permanente de diálogo entre la SCJN, el sector agrario y la CCC, para dar seguimiento a sus propuestas en el marco del convenio de colaboración recientemente firmado con el Poder Judicial.