Tlaxcala, Tlax._ A pesar de que Tlaxcala está considerada como una entidad federativa con baja incidencia delictiva en materia electoral, durante el proceso comicial 2015-2016 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició seis carpetas de investigación por probables actos constitutivos de delito contra la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) y ayuntamientos.
Después de la firma de convenio de trabajo en materia de capacitación, difusión y divulgación, para prevenir delitos electorales en la entidad y fomentar la denuncia entre el Gobierno del Estado, el Instituto Electoral de Tlaxcala (ITE), el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), el titular de la Fepade Santiago Nieto Castillo, reveló que Tlaxcala tiene integradas 20 averiguaciones previas por la probable comisión de delitos electorales relacionadas con procesos electorales del año 2012 al 2015.
De esas 20 investigaciones que realiza la fiscalía, ocho están relacionadas de manera directa con procesos electorales de años anteriores, mientras que seis son casos donde se localizaron alteraciones del Registro Federal de Electores, en ésta última conducta delictiva explicó que se trata de ’casos en los cuales las personas acuden al módulo federal de electores con datos falsos para obtener credenciales de elector lo que utilizan para cometer otro tipo de conductas delictivas que estamos en este momento investigando’.
Mientras que del proceso electoral 2015-2016, la Fepade tiene abiertas seis carpetas de investigación que se están desahogando con el nuevo sistema procesal penal acusatorio. Nieto Castillo, expuso que esos seis expedientes tienen que ver con denuncias en las que se involucran a personal de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y contra personal de algunos ayuntamientos que supuestamente cometieron presiones contra subordinados y por condicionar programas sociales para la búsqueda del voto por distintos institutos políticos.
Respecto a las penas que podrían alcanzar los funcionarios que fueron señalados serían consignados por probable violación al artículo 11 en materia de delitos electorales con una penalidad de dos a nueve años a prisión.
’Cabe señalar que los delitos electorales no son graves pero esta es una de la penalidad más alta que se establece en la legislación penal electoral en el país es solamente superada por el artículo 15 de la ley que son casos de financiamiento ilícito en las campañas cuya pena es de 5 a 15 años de prisión, estas investigaciones se seguirán a efecto de determinar lo que conforme a derecho corresponda ante estos funcionarios públicos que se encuentran involucrados y que han denunciado con varios institutos políticos’, agregó
