Maullidos Urbanos
Gato de Barrio
La semana pasada se difundió el lamentable caso del asesinato de un menor de apenas cinco años de nombre Fernando, quien fue secuestrado por tres integrantes de una familia de usureros, como garantía de pago por una deuda de mil pesos que su madre no pudo saldar.
Los hechos sucedieron en la colonia Ejidal El Pino del municipio de Los Reyes-La Paz, Estado de México el pasado 28 de julio, cuando el niño fue sustraído por Liliana ’N’ y Ana ’N’, al ir a cobrar un préstamo sucedido días antes, y ante la imposibilidad de cubrir el adeudo, la mamá, de nombre Noemí, fue amenazada y agredida, por lo que los ahora criminales prefirieron mejor llevarse al menor en ’prenda’ para garantizar el pago.
Aunque ese mismo día la madre acudió tanto al DIF municipal como a las oficinas de las fiscalías de Justicia de La Paz y de Nezahualcóyotl, debido a que a ella se le dificulta poder hablar adecuadamente, fue ignorada por los responsables de esas áreas. Finalmente, gracias a la intervención de Gloria Fabiola Villa Saldaña, dirigente de la organización Amor y Rabia, fue atendida en la llamada Ciudad Mujeres en La Paz, pero ya fue muy tarde.
En varias ocasiones la señora Noemí intentó recuperar a su hijo, pero hasta fue hasta el ser acompañada de policías municipales al ingresar al domicilio de los captores, localizaron su cuerpo en avanzado estado de descomposición, ya que fue asesinado dos días después de su rapto. En la autopsia se estableció que el menor presentaba deshidratación por falta de agua y comida, además de lesiones y fracturas en cabeza, clavícula y costillas, así como moretones.
Tras ingresar a ese domicilio fueron detenidos, además de Lilia y Ana, Carlos, otro familiar de las usureras. A todos se les acusaría de privación ilegal de la libertad, homicidio y ocultamiento de cadáver, por lo cual se les internó en el centro penitenciario de Nezahualcóyotl.
Lo más lamentable de todo es que por la insensibilidad tanto del personal del DIF municipal como de las fiscalías mencionadas, quienes no atendieron a la madre cuando fue en demanda de auxilio, sucedió la muerte del menor. Es decir, ese crimen pudo ser evitado.
Esta situación no solo contradice, sino también desmiente todo el discurso de que las autoridades estatales y municipales están cerca de quienes demandan atención, ya que en la realidad cuando son requeridos, en especial por quienes padecen algún tipo de discapacidad, los ignoran. Los posteriores discursos y expresiones de solidaridad resultan ser inútiles.
Lo que se puede esperar es que, además de aplicar todo el rigor de la ley a los ahora detenidos, que los funcionarios omisos sean despedidos para servir de ejemplo y recordar que son servidores públicos, no simples burócratas de escritorio.