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Estrategias de López Obrador

Adrián Chavarría Espinosa

Estrategias de López Obrador

Política

Junio 23, 2020 16:32 hrs.
Política Nacional › México Ciudad de México
Adrián Chavarría Espinosa › El Informador Analítico

De acuerdo a como avanza el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, resulta evidente su interés en regresar al país en aproximadamente sesenta años, es decir a la época en el que el presidente de la república podía operar con casi ninguna atadura, ni legal o moral, por lo que las autoridades cometían actos que si bien no estaban sancionadas en el marco legal, sí resultaban criticables por la sociedad.
Por ello surgen los llamados órganos autónomos, donde si bien regularmente las autoridades intervienen definir quienes los integran, ya sea mediante la propuesta de ternas y la aprobación de diputados y/o senadores, la realidad ha demostrado ser útiles para limitar acciones que en otras circunstancias sido inadvertidas, ignoradas y ejecutadas impunemente.
Probablemente muchas personas, en especial los jóvenes, desconocen no solo sus funciones sino la misma existencia de esos órganos autónomos, integrados por especialistas y expertos encargados de atender y resolver problemas y emitir dictámenes sobre temas específicos y, en algunos casos, emitir recomendaciones y sanciones a quienes han incurrido en actividades no solo criticables, sino socialmente lesivas.
Pero, repito, López Obrador quiere regresar el tiempo a hace seis décadas, cuando imperaba el presidencialismo sin ninguna restricción ni oposición, cuando no existían esos órganos autónomos, que lo son de forma técnica, orgánica o administrativa y financiera-presupuestaria para disponer del presupuesto asignado por la federación.
Actualmente operan, entre otros, como organismos autónomos totales Banxico, Instituto Nacional Electoral, Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
También existen los órganos autónomos descentralizados que han sido creados por decreto o por ley, resultan ser auxiliares del Poder Ejecutivo, pueden ser liquidados sólo cuando dejan de cumplir con su función, su relación con los poderes es de subordinación, sus titulares son designados por el Ejecutivo y no pueden iniciar controversias constitucionales.
Estos son los más numerosos, por ejemplo, Caminos y Puentes Federales, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Instituto Mexicano de la Radio, Notimex, Archivo General de la Nación, Procuraduría Federal del Consumidor, entre otros más de cuya función y desempeño es más de carácter administrativo.
En cambio existen otros con mayor trascendencia social como el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Comisión Especial de Atención a las Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y las relacionadas con cuestiones energéticas, como la Comisión Reguladora de Energía.
Son éstas últimas junto con el INE las cuales el presidente López Obrador ha enfocado sus baterías con el ánimo de tener un mayor control sobre ellas, a fin de someterlas a sus intenciones particulares y políticas de gobierno, sin importar que resulten afectados sus propósitos originales de defender a la sociedad de medidas incorrectas.
Véase el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde López Obrador logró colocar a Rosario Piedra Ibarra, persona totalmente identificada con su política y que hasta el momento su actuar no ha resultado nada crítico ni objetivo hacia el gobierno federal. En el caso del INE pretende controlar o disminuir a sus actuales consejeros, con el propósito de que su partido no resulte afectado en todo el proceso electoral del próximo año.
Uno de los principales argumentos presidenciales es que estos organismos son excesivamente onerosos, que resultan una gran carga para el presupuesto, máxime en tiempos de su austeridad republicana, que mantienen excesivas y caras plantillas laborales por lo que todas ellas deben ajustarse a la nueva realidad del país, además de insistir que ya existen dependencias oficiales las cuales pueden asumir sin problemas sus funciones, sin omitir que a su parecer la población desconoce su existencia y su operación ha resultado deficiente.
(Resulta curioso que el Conapred, órgano impulsado por las fuerzas de izquierda, se haya instaurado en el sexenio de Vicente Fox, calificado de derecha, y ahora se encuentre amenazado por una administración que se dice ser de izquierda y revolucionaria.)
En fin, argumentos pueden ser muchos y variados pero ninguno de ellos suficiente y socialmente válidos para que los organismos autónomos, se encuentren o no bajo la amenaza presidencial, sean sometidos a los intereses políticos y personales del presidente, ya que significaría un retroceso para la sociedad actual, ya más informada y crítica de nuestros días.
Es de esperar que muchos interesados en mantener vigentes los organismos que limitan las acciones del titular del Poder Ejecutivo reaccionen y actúen para defenderlos, ya sean agrupaciones civiles, partidos políticos, legisladores de oposición. Será por el bien de todos los que confían en que la sociedad tenga elementos para inconformarse y defenderse de acciones que consideran lesivas a sus intereses.


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