Organizaciones y redes de la sociedad civil evidenciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la complicidad de los gobiernos de la región para implementar políticas sistemáticas de violación a derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección, como parte de la Audiencia Pública ’Protección de personas en movilidad humana en los Estados Unidos, México y el Norte de Centroamérica’, que se llevó a cabo el martes 26 de octubre a las 15:00 horas.
Las organizaciones colocaron cuatro peticiones centrales a las comisionadas de la CIDH y para los Estados de la región: 1) que la CIDH cree un Mecanismo Especial de Seguimiento a las recomendaciones que ha emitido dicho organismo sobre poblaciones en contexto de movilidad en la región; 2) alto inmediato a las expulsiones sin la oportunidad de solicitar asilo, como ocurre bajo el Título 42 desde Estados Unidos con colaboración del gobierno mexicano; 3) alto a la discriminación contra la población indígena migrante y solicitante de protección internacional; y 4) alto a la discriminación racial contra las personas migrantes negras y afrodescendientes.
Entre agosto y octubre de 2021, el gobierno estadounidense ha enviado 100 vuelos a Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, con personas expulsadas bajo Título 42. Desde ahí son trasladadas, junto a otras personas detenidas en México, vía terrestre por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala y más recientemente hasta la frontera con Honduras, sin la oportunidad de solicitar asilo o conocer otras formas para su regularización migratoria.
Mientras que ante la inminente reinstalación del Programa ’Quédate en México’, para la que la participación activa del gobierno mexicano es fundamental, se continuaría violando el derecho al asilo, al debido proceso y el principio de no devolución. Durante la vigencia de este programa, de enero de 2019 a enero 2021, más de 72 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos fueron regresadas a territorio mexicano a esperar la resolución de sus casos en las cortes estadounidenses. De acuerdo con la documentación de Human Rights First, en ese periodo de tiempo se registraron más de mil 300 eventos de delitos violentos, extorsiones, violaciones y asesinatos contra esta población, siendo las autoridades mexicanas y bandas del crimen organizado los perpetradores.
A esas políticas que abiertamente externalizan la frontera estadounidense se suma la política de contención y deportación del Estado mexicano, quien ha sumado a los agentes de migración de todo el país, 27 mil elementos de la Guardia Nacional para labores de control migratorio. Se ha documentado la detención y deportación de personas con documentos de estancia regular en el país o reconocidas como refugiadas.
Además, se han establecido acciones contra el libre tránsito violatorias de la Constitución mexicana, como la prohibición de venta de boletos o abordaje de autobuses a pasajeros que no muestren una identificación o documento migratorio de estancia regular en el país, desde finales de agosto de 2021, convirtiendo en cómplices a las líneas de autobuses quienes se suman a la lista de dependencias que realizan labores de control migratorio. El número de revisiones migratorias en carretera pasó de mil 165 detenciones en 2018 a 89 mil 653 en lo que va de este año.
Por su parte, representantes de comités de familias y organizaciones de Centroamérica denunciaron las condiciones precarias y falta de atención a las personas que son expulsadas en cadena desde Estados Unidos, México y Guatemala, incluyendo población hondureña y salvadoreña. Además de la impunidad como patrón ante las graves violaciones contra personas migrantes, como las desapariciones y masacres en Cadereyta, Nuevo León, y los casos de 72 migrantes, fosas clandestinas y Güemez en San Fernando, Tamaulipas, México.
Finalmente, las comisionadas de la CIDH expresaron su preocupación sobre las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas en movilidad, especialmente de la niñez, la adolescencia y las mujeres, y solicitaron a las organizaciones ampliar sus informaciones. Concluyeron las comisionadas que estamos frente a una emergencia migratoria.
Las organizaciones que participaron en el Audiencia fueron: Red Regional de Protección, Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Mesa Transfronteriza sobre Migraciones y Género, Sin Fronteras, Asylum Access México (AAMX), Women’s Refugee Commission (WRC), MENAMIG, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (CJR) y otras, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y Comités de Familias Migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México; Promise Institute for Human Rights at UCLA School of Law, Haitian Bridge Alliance, Comunidades Indígenas en Liderazgo (CIELO); y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala.
