Minutos después de que el edenunciara públicamente arbitrariedades que los esbirros del gobernador Enrique Alfaro, encabezados por el secretario del Trabajo estatal, Marco Valerio Pérez Golláz; implementaran operativos en la ruta 24 (concesionada hasta el año 2026), retuvieron nueve unidades, no sin antes amenazar a los operadores y a la representante legal, que de resistirse serían detenidos y consignados por entorpecer su abuso.
Lo cual fue calificado por el transportista, como un ataque sistemático directo y hasta personal, orquestado por el titular del ejecutivo estatal, quien pretende a como dé lugar, controlar no solamente los dineros obtenidos por las rutas del transporte público urbano, el del sistema de prepago a través de las tarjetas, los 50 centavos que se adjudican por no dar el cambio, y ahora pretende hacer lo mismo con la voluntad del personal (conductores y transportistas).
Advirtió que existen bastantes irregularidades en torno a un presunto fideicomiso, que no está reconocido legalmente y que sin embargo, toman decisiones en beneficio de quienes lo conforman, por lo que, quienes se niegan a obedecer los caprichos de Alfaro, es sometido al rigor del abuso de autoridad (disfrazado de operativos), aunque para ello deba a las dependencias oficiales, usurpar funciones, para evitar que los afectados procedan legalmente contra estos delincuentes ’naranjas’.
Fue casi al termino de esta rueda de prensa, que empezó a circular en las redes sociales, del gremio camionero, un documento firmado con nombre y apellido de quienes, aseguran ser los integrantes de tan polémico fideicomiso, conocidos en este sector, como el grupo de los 10 (G-10), es decir, los cómplices de Enrique Alfaro Ramírez en este negocio llamado ’Mi Transporte’, respaldado por Diego Monraz desde la secretaría del Transporte.
En el texto, conformado por cuatro párrafos y publicado en Facebook, en la pagina de la Alianza de Camioneros, se pondera la conformación de dicho fideicomiso, ensalzando el esfuerzo que conjuntamente ellos en complicidad con las autoridades han realizado hasta el momento, tras el argumento de una mejora necesaria en la movilidad, reconociendo que los avances alcanzados, a pesar de las afectaciones, son necesarias para lograr evolucionar en el servicio.
Todo lo que, Enrique Galván con documentos en mano refutó y demostró de un fallido modelo de reordenamiento de transporte público en Jalisco, ’son las mismas unidades y se sigue operando como siempre, la única diferencia es que ahora son verdes y rojos, pero son los mismos camiones viejos, estamos quebrados’.
Por lo que, exhortó a sus colegas empresarios a no tener miedo de estos delincuentes que operan cual si fueran otro cartel más en este estado fallido, ’el cartel naranja de Enrique Alfaro’. Ya que ante la tiranía desplegada en todas las instancias del gobierno estatal para someter a los jaliscienses, es necesario la urgente intervención de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, a fin de que se investigue a fondo a las personas que conforman dicho fideicomiso, el paradero de los recursos económicos que son adeudados a los transportistas y los manejos de más de mil 200 millones de pesos que no se ven por ningún lado.
