El Tijeretazo Político
Joaquin Bojorges
En 1978, México dio un paso decisivo al desmontar los últimos vestigios de la llamada ’ley mordaza’, una herramienta de control que durante décadas sirvió para silenciar a la prensa crítica. Pero hoy, casi medio siglo después, ese fantasma regresa con nuevos ropajes: leyes ambiguas, reformas exprés y discursos que, en nombre del orden, buscan imponer el silencio.
La historia no es nueva. En 1882, bajo el gobierno de Manuel González —compadre de Porfirio Díaz— se promulgó un decreto que permitía encarcelar a periodistas por publicar notas ’subversivas’ contra el Estado. Fue el inicio de una era de represión sistemática que los hermanos Flores Magón denunciaron con valentía, pagando con cárcel y exilio su defensa de la libertad4.
Hoy, esa sombra se proyecta sobre el Congreso de Puebla, donde se aprobó en tiempo récord la llamada Ley de Ciberasedio, que castiga con hasta tres años de prisión a quien ’ofenda reiteradamente’ en medios digitales. ¿Quién define qué es una ofensa? ¿Desde qué criterio se mide el agravio? La ambigüedad no es casual: es funcional al poder.
Y no es un caso aislado. En Campeche, el periodista Jorge Luis González fue vinculado a proceso por ’incitación al odio’ tras publicar investigaciones incómodas para el gobierno estatal. Se le prohibió ejercer el periodismo por dos años y se ordenó el cierre del medio que dirigía. En Tequila, Jalisco, un camarógrafo fue detenido por documentar un operativo incómodo para el alcalde. En Sonora, una ciudadana fue sancionada por criticar en redes a una diputada del PT.
La llamada ’Ley Censura’ que se discute en el Senado —bajo el disfraz de reforma a la Ley de Telecomunicaciones— otorgaría al gobierno facultades para bajar transmisiones, cerrar plataformas digitales y rastrear dispositivos móviles en tiempo real. La Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones como Artículo 19 han advertido que estamos ante una regresión autoritaria sin precedentes.
La mordaza ya no se impone con cadenas: se redacta en decretos, se aprueba en fast track y se ejecuta con algoritmos. Pero el objetivo es el mismo: silenciar la crítica, blindar al poder y criminalizar la disidencia.
Hoy, como en 1882, toca alzar la voz. Porque si el periodismo se calla, la democracia se apaga.
