El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sergio Jiménez Maraboto, promovió ante un juicio de amparo en contra del descuento del 30% a su percepción mensual que se pretendía realizar para paliar la crisis financiera por la que atraviesa el poder "autónomo".
Y es que la medida impuesta directamente desde Palacio de Gobierno no cayó nada bien en los magistrados del TSJ de Veracruz, quienes vieron violada la autonomía del Poder Judicial por injerencia de personas ligadas al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, quienes contribuyeron en gran medida a la crisis financiera por la que atraviesa el TSJ.
En su escrito el magistrado Jiménez Maraboto señaló como "autoridad ordenadora" a la Directora General de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, quien gana más de $90 mil pesos al mes y quien llenó al TSJ de aviadores e improvisados con altos salarios (ella fue impuesta en dicho cargo por Eleazar Guerrero Pérez) primo hermano del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Apenas el pasado mes de agosto la también magistrada Beatriz Rivera Hernández ganaba un amparo y sentaba jurisprudencia para que NO le fuera aplicada la reducción del 30% a su salario, impuesto por Cuitláhuac García violando la autonomía del Poder Judicial utilizando como su marioneta a la actual Presidenta Isabel Romero.
En su veredicto (semanas atrás) el Juez consideró que una reducción al salario de la magistrada Rivera Hernández como parte del Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del Poder Judicial podría poner en riesgo los principios constitucionales.
"Los actos que reclama pudieran transgredir el interés jurídico que se analiza, puesto que, con su aplicación se podría atentar contra principios consagrados en la Carta Magna’, expuso en su momento.
Por lo visto la intentona e imposición de Cuitláhuac García se cae a pedazos ya que los magistrados del TSJ vieron el camino legal para ampararse e impedir que paguen ellos los platos rotos del saqueo y el desorden financiero que ocasionaron desde Palacio de Gobierno, desde SEFIPLAN y desde el Congreso Local afectando la estabilidad financiera del Poder Judicial de Veracruz.
