El Tijeretazo Político
Joaquín Bojorges
● Hoy: mutilación legislativa y desamparo institucional.
Durante décadas, el juicio de amparo fue el último bastión de defensa para comunidades frente al abuso del poder. No era solo una figura jurídica: era el escudo que permitía a los pueblos resistir expropiaciones arbitrarias, megaproyectos sin consulta, violaciones a derechos humanos, y omisiones criminales del Estado. Hoy, ese escudo está siendo desmontado pieza por pieza por una mayoría legislativa que, en nombre de la transformación, ha debilitado las garantías constitucionales que alguna vez prometió defender.
Cuando el amparo protegía al pueblo
No hay que ir muy lejos para recordar casos emblemáticos donde el juicio de amparo fue decisivo:
- San Salvador Atenco (2001–2014): Los amparos interpuestos por ejidatarios frenaron el proyecto original del aeropuerto en Texcoco, obligando al Estado a reconocer la propiedad comunal y el derecho a la consulta. Fue una victoria jurídica y moral para los pueblos originarios.
- Pueblos Yaquis en Sonora (2012): El amparo logró suspender temporalmente el Acueducto Independencia, al evidenciar la falta de consulta previa y el impacto ambiental sobre territorio indígena.
- Comunidades de la Sierra Norte de Puebla (2016): Amparos colectivos detuvieron concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos que violaban el derecho al territorio y al medio ambiente sano.
- Defensores del patrimonio en Oaxaca y Morelos: En múltiples casos, el amparo ha sido la herramienta para frenar obras que amenazan zonas arqueológicas, templos históricos y espacios comunitarios.
Estos ejemplos no son anecdóticos: son la prueba de que el amparo, bien ejercido, puede ser un instrumento de justicia popular.
La mayoría de Morena en el Congreso ha impulsado reformas que, lejos de fortalecer el juicio de amparo, lo han debilitado. Entre los retrocesos más graves:
- Limitación de la suspensión de actos reclamados, incluso en casos de violaciones graves a derechos humanos.
- Reformas que subordinan el Poder Judicial, afectando su independencia y capacidad de resolver con imparcialidad.
- Desdén por la jurisprudencia internacional, ignorando estándares del Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), que México ratificó y que obliga al Estado a garantizar recursos judiciales efectivos.
El resultado: hoy, comunidades que antes encontraban en el amparo una vía de defensa, enfrentan tribunales saturados, criterios restrictivos y una narrativa oficial que criminaliza la resistencia jurídica como ’obstáculo al desarrollo’.
La Cuarta Transformación prometió justicia social, pero ha olvidado que sin garantías constitucionales, no hay justicia posible. El juicio de amparo no es un privilegio técnico: es el derecho de cada ciudadano a decir ’no’ frente al abuso, a exigir reparación, a defender su dignidad.
Al mutilar el amparo, se mutila el pacto democrático. Se deja al pueblo a merced del poder sin contrapesos. Se traiciona el espíritu del Pacto de San José, que exige al Estado mexicano garantizar recursos efectivos para proteger los derechos fundamentales.
A pesar del desmantelamiento institucional, abogados, defensores comunitarios y organizaciones civiles siguen interponiendo amparos, aunque ahora lo hacen en un terreno más hostil. La lucha jurídica se ha vuelto más difícil, pero también más urgente.
El juicio de amparo, como figura protectora de los derechos fundamentales, está siendo puesto a prueba en un contexto donde el poder legislativo actúa con disciplina partidista y bajo la línea del Ejecutivo. En este escenario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convierte en el último dique frente a la erosión de garantías constitucionales. Y sí, lo que está en juego no es menor.
La SCJN no solo tiene la facultad, sino la responsabilidad de revisar y, si corresponde, invalidar reformas que vulneren derechos humanos, principios democráticos o tratados internacionales como el Pacto de San José. Este pacto —la Convención Americana sobre Derechos Humanos— obliga al Estado mexicano a garantizar recursos judiciales efectivos. Si el juicio de amparo se mutila, se incumple ese compromiso.
La pregunta que muchos se hacen hoy es: ¿actuará la Corte como garante de la Constitución o como instrumento de legitimación del régimen cuatroteista? Porque lo que se ha visto en el Congreso —con reformas que limitan la suspensión de actos reclamados, subordinan al Poder Judicial y blindan decisiones del Ejecutivo— no responde al interés público, sino a una lógica de concentración de poder.
La SCJN está ante una encrucijada histórica. No basta con emitir comunicados o defender su autonomía en abstracto. Debe resolver con firmeza los amparos que lleguen contra reformas regresivas, debe proteger a las comunidades que acuden a ella como último recurso, y debe recordar que su legitimidad no proviene del aplauso presidencial, sino de su capacidad para defender al pueblo frente al poder.
Si la Corte falla, el desamparo será institucional. Si actúa con valentía, puede convertirse en el contrapeso que México necesita para evitar que la Cuarta Transformación se convierta en una regresión autoritaria.
Porque si el juicio de amparo cae, lo que cae no es solo una figura legal: cae la posibilidad de que el pueblo tenga voz frente al poder. Y eso, en cualquier democracia, es inadmisible.
