Hoy, diez organizaciones de la sociedad civil de México, sobrevivientes y sus familias del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las consecuencias de la política migratoria mexicana, como las violaciones a derechos que viven las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, durante su detención en estaciones migratorias, y el papel del Instituto Nacional de Migración (INM), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que impiden el acceso a la justicia para estas poblaciones, en un contexto de políticas migratorias de contención, criminalización de la migración y externalización de las fronteras.
Durante el 188° periodo de sesiones de la CIDH y bajo el nombre ’México: derechos humanos y acceso a la justicia de personas detenidas por motivos de inmigración’, en el que participaron representantes del gobierno mexicano como la CEAV y la FGR, y un experto de Naciones Unidas, las organizaciones compartieron cómo la política migratoria de contención y criminalización han perpetuado la detención prolongada, injustificada y en condiciones inhumanas en las estaciones migratorias; la detención de niñez y adolescencia en dichos espacios y otros privativos de la libertad que no se encuentran regulados; la nula atención a la salud mental tras la detención; desapariciones forzadas y masacres; las expulsiones masivas y ’en caliente’; así como revisiones basadas en perfilamientos raciales. En todos los casos de graves violaciones a derechos humanos, la falta de reparación integral del daño y medidas de no repetición, aunado a la criminalización de las y los defensores que les acompañan; y el incumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH), por parte de las autoridades migratorias, es la regla.
’La detención migratoria en México sigue siendo arbitraria, inconstitucional, prolongada, indigna, violatoria de estándares internacionales de derechos humanos. El ejercicio de contención migratoria en México se ha intensificado a cualquier costo, incluida la muerte y detrimento de la salud de las personas, en respuesta a los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México que provoca una política migratoria que los está matando. Como sociedad civil hemos insistido, a través de la incidencia y el litigio, que la detención migratoria debe eliminarse porque son la puerta de entrada a la violación masiva de derechos, sin embargo, aún con sentencias firmas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hay cambios estructurales a las leyes que eviten la repetición de estas violencias’, señalaron las organizaciones.
El incendio que demostró las graves consecuencias de la actual política migratoria
A través del testimonio de uno de los sobrevivientes del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, y la de una familiar, se evidenció cómo el acceso a la justicia no es la regla para el Estado mexicano, por el contrario, se apuesta al olvido y cansancio de las víctimas. Este caso refleja todas las violaciones a derechos y al marco jurídico de los diferentes niveles de gobierno, en aras de mantener una política migratoria de contención y criminalización.
’La estancia migratoria de Ciudad Juárez parecía una cárcel, era sucia, no nos daban agua a menos que pagáramos 500 pesos, no había ventilación, las puertas y las ventanas estaban cerradas. Estábamos en un lugar muy encerrado, y un lunes la vida de muchos se iba a terminar y para otros quedamos con lesiones de por vida. Tengo compañeros que les amputaron su mano y con lesiones neurológicas. A mí me cuesta respirar, no puedo dormir, tengo marcas en el cuerpo que me recordaran toda la vida ese día. Veías el lugar en llamas y poco a poco el humo nos cubría, corrías de un lugar a otro, era una desesperación, gritabas para que nos abrieran la puerta, tenemos hijos, no nos dejen morir aquí adentro y se hicieron de la vista gorda y no nos dejaron salir. Cuántas familias dejaron solas, sin los padres, hijos que quedaron solos y uno se pregunta por qué nos dejaron dentro’, Brayan, sobreviviente del incendio en estancia migratoria de Ciudad Juárez.
Por lo que las organizaciones solicitaron a las y los comisionados de la CIDH:
Abrir un espacio de interlocución y articulación entre el Estado mexicano y las organizaciones para impulsar la creación de una comisión especial para la investigación de casos de graves violaciones a derechos humanos contra la población migrante, con enfoque multidisciplinario y transnacional.
Realizar una visita in loco a México para verificar la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes derivadas de las políticas migratorias implementadas y de la militarización del control migratorio, y elaborar un informe especial con recomendaciones específicas derivado de la visita.}
Recomendar al Estado mexicano la eliminación de la detención migratoria, crear alternativas a la detención, y expandir las vías de regularización migratoria para las personas que deseen quedarse en el país.
Recomendar al Estado mexicano la creación de una mesa de trabajo permanente con las organizaciones civiles para generar propuestas de política pública que den respuesta inmediata a la situación de violencia e inseguridad a la que son expuestas las personas en movilidad durante su tránsito y estadía en México. La política migratoria no puede seguir siendo unilateral.
Recomendar al Estado mexicano eliminar las facultades de control migratorio a cuerpos militares, como la Guardia Nacional.
Al final de la audiencia, las y los comisionados de la CIDH señalaron la urgencia de tomar medidas regionales para prevenir casos como Ciudad Juárez y las masacres en México. Además de comprometerse a realizar una visita a México, e instalar una comisión especial para la investigación de casos de graves violaciones a derechos humanos contra la población migrante.
