Vallas metálicas de tres metros, muros negros y un despliegue policial masivo rodean Palacio Nacional y el corazón histórico de la capital previo a las protestas de la Generación Z convocadas para este 15 de noviembre.
La ironía salta a la vista: mientras el gobierno presume ser "cercano al pueblo", erige barreras físicas que impiden el acceso ciudadano a la Plaza de la Constitución. Las autoridades blindaron desde la Catedral Metropolitana hasta edificios gubernamentales completos, con operativos que recuerdan más a una zona de conflicto que a una democracia dispuesta al diálogo.
Los jóvenes mexicanos marchan hartos de la violencia que azota al país. El detonante fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien pidió ayuda al gobierno contra los cárteles y nunca la recibió. Ahora, miles exigen un México sin corrupción, con seguridad real y oportunidades tangibles.
Este patrón de amurallamiento se repite en cada protesta significativa: 8M feminista, marchas de Ayotzinapa, movilizaciones estudiantiles. El mensaje es claro: los muros hablan más fuerte que las palabras. Mientras Palacio Nacional se protege con soldadura y concreto, los ciudadanos que piden justicia son tratados como una amenaza.
La paradoja es brutal: un gobierno que prometió ser diferente, que criticó estas mismas tácticas en el pasado, ahora las replica y amplifica. Las vallas permanecerán hasta que pase la protesta, convirtiendo el símbolo máximo de la nación en un búnker inaccesible. ¿Protección o miedo?
