La narrativa oficial de seguridad en México ha chocado de frente con una realidad ineludible: la delincuencia no respeta jerarquías, uniformes ni cercanías al poder. En lo que representa el "colmo de los colmos", lo que a primera vista parecía un asalto violento contra el equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en uno de los tramos más peligrosos del país, ha dejado en evidencia que el Estado parece haber perdido el control de sus propias rutas. Los hechos ocurrieron esta mañana en el kilómetro 67 de la carretera federal 57, en el tramo San Luis Potosí-Matehuala, específicamente en las inmediaciones de El Huizache, un punto negro, harto conocido, por transportistas y viajeros por su alta incidencia delictiva.
Allí, un grupo de delincuentes interceptó a punta de amenazas al personal, despojándolos de celulares de alta gama, equipo de comunicación estratégica, cámaras fotográficas y de video profesionales, así como pertenencias personales, dejándolos prácticamente con lo que llevaban puesto en una zona que debería gozar de vigilancia permanente.
Ante la gravedad de los hechos, el secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, intentó matizar la situación aclarando que el asalto no estuvo dirigido contra una comitiva o avanzada presidencial, como se difundió de manera imprecisa, sino contra una camioneta que transportaba personas y equipo de trabajo vinculados a actividades del Gobierno Federal.
No obstante, a pesar de este desmentido oficial que busca desligar el incidente de una gira presidencial, la noticia escaló rápidamente a las cúpulas del gabinete de seguridad. Reportes internos señalan que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reaccionó con una indignación que raya en la desesperación, habiendo "puesto el grito en el cielo" mediante una llamada directa al jefe de la Guardia Nacional en la entidad para propinarle un regaño monumental ante la ausencia de la corporación mientras los delincuentes operaban con total impunidad.
La crítica es profunda y devastadora: si no pueden cuidar a quienes operan para el nivel federal, ¿qué le espera a la mandataria o al ciudadano común? Aunque el funcionario estatal precisó que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República por ser competencia federal, el rumor de que el staff realizaba una inspección para un próximo evento presidencial en San Luis Potosí cobra cada vez más fuerza.
