El Tijeretazo Político
Joaquín Bojorges
El Estado de México vive una paradoja dolorosa: mientras el gobierno presume acciones históricas contra el robo de agua, miles de ciudadanos enfrentan un desabasto abrupto, sin aviso ni alternativas. El Operativo Caudal, encabezado por la administración de Delfina Gómez Álvarez, clausuró tomas clandestinas, pipas ilegales y pozos alterados en 48 municipios. La intención es legítima: recuperar el control de un recurso saqueado por redes criminales. Pero la ejecución dejó a comunidades enteras sin el vital líquido, sin consulta previa ni estrategia de redistribución.
¿Puede una acción justa volverse injusta por su forma? Sí, cuando se ignora a quienes más dependen de ella.
Hospitales, escuelas, colonias populares y sectores productivos quedaron en el limbo. En municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco, el agua dejó de llegar. No por sequía, sino por un operativo que no previó el impacto social. La Unión Industrial del Estado de México lo dijo claro: ’La embestida debió ser gradual’. Pero no lo fue, los testimonios ciudadanos revelan otra realidad:
> ’Nos dejaron sin agua de un día para otro. No somos delincuentes, somos vecinos que pagamos por el servicio.’
> — Habitante de Nezahualcóyotl
> ’El hospital lleva días sin abastecimiento. ¿Quién responde si esto afecta la atención médica?’
> — Trabajadora de salud en Ecatepec
> ’Clausuraron pozos sin decirnos nada. ¿Y ahora cómo llenamos las cisternas?’
> — Pipero en Chalco
Estas voces no niegan la necesidad de combatir el huachicol de agua. Lo que exigen es transparencia, planificación y respeto. Porque una política pública que ignora a la gente termina siendo violencia institucional.
La lucha contra el huachicol de agua es urgente. Nadie lo discute. Pero la transparencia, la planificación y el diálogo ciudadano no son opcionales. Son condiciones mínimas para que una política pública sea legítima y eficaz. Sin ellas, el Estado reproduce el mismo abandono que dice combatir.
¿Dónde están los protocolos de contingencia? ¿Dónde los mecanismos de participación? ¿Dónde la rendición de cuentas?
El agua no se improvisa. Se garantiza. Y eso implica escuchar a la gente, prever impactos, corregir errores y comunicar con claridad. No basta con clausurar tomas ilegales si no se asegura el abasto legal. No basta con combatir el delito si se castiga al inocente por omisión.
Hoy, miles de mexiquenses y capitalinos enfrentan una crisis hídrica provocada por el Estado. No por negligencia, sino por falta de escucha. Y eso también es una forma de violencia institucional.
La ciudadanía exige más que operativos espectaculares. Exige políticas públicas con rostro humano.
Por otro lado, la postura oficial: la gobernadora Delfina Gómez anunció que se reunirá con piperos y afectados por el Operativo Caudal, pero aún no ha ofrecido una explicación pública detallada ni medidas concretas para resolver el desabasto.
Hasta ahora, el gobierno del Estado de México ha mantenido una postura institucional centrada en justificar el operativo como una acción contra el huachicol de agua, sin reconocer abiertamente el impacto social que ha generado. Aquí lo más relevante:
- Delfina Gómez Álvarez confirmó que se reunirá con piperos y trabajadores afectados, en respuesta a los bloqueos y protestas que se han extendido en varios municipios.
- El operativo fue coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la CONAGUA, SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional, y se desplegó en 48 municipios.
- Se aseguraron 322 pipas, 138 tomas clandestinas, 51 pozos y hubo 7 detenidos.
- Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado que reconozca el desabasto ni se han anunciado medidas de contingencia para garantizar el abasto en zonas afectadas.
Los deslindes desde el púlpito presidencial
- La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el operativo fue una acción estatal, no federal, y pidió que CONAGUA atienda las demandas ciudadanas.
Por otra parte legisladores de Morena respaldaron a Delfina Gómez en su informe legislativo, destacando logros en otros rubros, pero no mencionaron el operativo ni sus consecuencias sociales.
Apesar de ello las exigencias ciudadanas se basan a lo siguiente:
- Transparencia total sobre el operativo: criterios, responsables, zonas intervenidas.
- Medidas urgentes para garantizar el abasto en comunidades afectadas.
- Consulta ciudadana antes de ejecutar acciones que impactan servicios básicos.
- Rendición de cuentas sobre los errores cometidos y sus consecuencias.
El agua no es un lujo ni un botín. Es un derecho. Y los derechos no se suspenden por decreto ni por operativo. Se garantizan con justicia, diálogo y responsabilidad.
