Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Propuso una reforma constitucional que permite al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ingresar a las casas de los ciudadanos para revisar su patrimonio inmobiliario, con el objetivo de medir la concentración de la riqueza.
Planteó en coordinación con el servicio de administración tributaria SAT que, el organismo también tenga la facultad legal de revisar el patrimonio financiero de las personas; que el INEGI presente cada dos años un informe que de cuenta de la riqueza de cada persona.
Dijo que ya no es suficiente de la medición del ingreso y gasto de las familias mexicanas por decirles entonces, como hace actualmente el INEGI.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente y no observada.
Agregó que ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance pero ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza.
"La información por decir decirles es buena pero se requiere descomponer la composición del X decil y ver los componentes y los estratos que lo integran. El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas.
Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. El INEGI también debe tener acceso a las cuentas de servicio de administración tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas".
Según Ramírez Cuéllar, esta propuesta surgió de un análisis llevado a cabo por MORENA y especialistas en política y economía ante la emergencia sanitaria y con la finalidad de forjar nuevas reglas de convivencia basada en el bienestar.
El presidente del partido también sugirió una reforma hacendaria basada en la progresividad fiscal, y fortalecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para que garantice la reparación del daño de los consumidores afectados por distorsiones en el mercado.
