El legislador de Morena dijo que es momento de aceptar el fracaso del DUF, porque se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo del Estado y sus 125 municipios al no agilizar los trámites para los inversionistas y empresarios, ya que el tiempo de respuesta oscila entre los 45 y los 120 días hábiles, porque no se ha establecido formalmente un tiempo de respuesta.
’Existen un sin número de unidades económicas operando de forma no regulada, por la incapacidad gubernamental y no dar respuestas oportunas a los trámites’.
La falta de lineamientos apropiados y las trabas burocráticas son los que impiden y retrasan su compromiso de cumplir con la ley.
La propuesta abrogaría la Ley que Crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México y se derogarían diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para promover y respetar las facultades municipales, reconociendo las atribuciones que la Constitución refiere a los municipios, dándoles personalidad jurídica y manejando su patrimonio conforme a la ley.
De aprobarse, los ayuntamientos tendrán mayor capacidad de decisión sobre la apertura de unidades económicas en sus demarcaciones, ya que el conocimiento y contexto de las autoridades municipales respecto de sus áreas, espacios y problemática social pueden determinar la aprobación de los negocios que impulsen sus regiones.
Entre las adecuaciones para la obtención del Dictamen de Giro que propone esta iniciativa, se establecen diferentes plazos límite para brindar respuesta a los solicitantes, entre las que se destaca que, cuando se emitan las evaluaciones técnicas favorables, se procederá a elaborar el dictamen en un plazo no mayor a 10 días hábiles y se le deberá notificar al solicitante.
Resulta oportuno mencionar que, si bien la iniciativa elimina la figura del Dictamen Único de Factibilidad, las verificaciones que le corresponden ’no se dejarán de realizar, porque las facultades y atribuciones de las direcciones municipales de Desarrollo Económico o equivalentes se verán fortalecidas respecto a dichos trámites y no se dejará en ningún momento de solventar y requerir por las autoridades municipales las evaluaciones técnicas necesarias para la construcción, apertura, instalación, operación, ampliación o funcionamiento de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos en los municipios’.
En los artículos transitorios del proyecto de decreto se indica que el Poder Ejecutivo, a través de las instancias competentes, promoverá y proveerá lo conducente a la extinción de la Comisión de Factibilidad del Estado de México y cuidará que éstas se lleven a cabo de manera oportuna, eficiente y con apego a las disposiciones legales que lo rigen, además de que los recursos humanos y materiales pasarán a formar parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
Actualmente la finalidad del DUF es determinar la factibilidad de la construcción, apertura, instalación, operación, ampliación o funcionamiento de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos que, por su uso o aprovechamiento del suelo, generen efectos en el equipamiento urbano, infraestructura o servicios públicos en el entorno ambiental o de salud, con base en estudios multidisciplinarios.
