El centro histórico tapatío se ha convertido en la zona más insegura de toda el Área Metropolitana de Guadalajara, así lo señaló el coordinador de la bancada morenista en este municipio jalisciense, Carlos Lomelí Bolaños, quien lamentó que el crecimiento de los índices delictivos es derivado de la incapacidad que han mostrado los gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC) en materia de seguridad pública.
’Los gobiernos de Movimiento Ciudadano, los gobiernos de la simulación, del engaño y la ocurrencia, que están más ocupados en ver qué otros negocios van a hacer para servir engrosando sus arcas de la corrupción, que en buscar el bienestar y la seguridad de la gente de Guadalajara’, indicó.
En general, dijo, las y los tapatíos nunca se habían sentido tan inseguros como ahora sucede en Guadalajara, de acuerdo a las encuestas del INEGI, la capital de Jalisco se encuentra entre las diez ciudades con mayor percepción de inseguridad.
Según las estadísticas de la Fiscalía del Estado, el centro tapatío es el lugar en donde se presenta el mayor número de robos a personas o robos varios, incluso casi el doble o triple de otras colonias de la capital del Estado, por lo que hizo un llamado a las y los ciudadanos a que tomen sus precauciones ante la evidente ausencia de seguridad.
’La inseguridad obedece a muchos factores y no depende sólo del número de policías que se destinen, también tiene que ver por la falta de alumbrado público, con la corrupción, con la ineficiencia y la falta de seguimiento a las denuncias de los ciudadanos’, mencionó el Coordinador de la Fracción Edilicia de Morena.
De acuerdo a la información proporcionada por la Comisaría de Seguridad Pública ante la comisión edilicia en la materia que encabeza la Regidora Mariana Fernández Ramírez, esta zona de la ciudad cuenta con 180 elementos para su vigilancia.
Colonias como Oblatos, LaFayette, Santa Teresita y Americana, son otras con alto índice de delitos del fuero común.
El regidor Lomelí Bolaños informó por último que las y los ediles de Morena han recibido peticiones de habitantes de colonias como San Rafael, Libertad o San Andrés, entre otras, que solicitan un mayor patrullaje ante el aumento del robo de personas o de autopartes, entre otros delitos, por lo que ya se dio vista a la Comisaría de Seguridad Pública para que atienda estas demandas.
En uso de la voz, la Regidora Fernández Ramírez señaló que sigue vigente su iniciativa para que la Fiscalía del Estado proporcione un Ministerio Público itinerante en el centro tapatío para recabar las denuncias por los delitos que se cometen, asunto que también ha interesado a los empresarios por tratarse de un área turística.
Asimismo –añadió- no se ha resuelto la propuesta de la fracción edilicia de Morena para que se proporcionen cámaras de solapa a los elementos policíacos y se informe cuántas cámaras de video vigilancia se adquirirán para el nuevo C4.
Por otra parte, lamentó que en la resolución de la Contraloría Municipal sobre la adquisición de patrullas sólo acusaron al Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de un error de trámite y una falta leve por no haber notificado la existencia de una suspensión, algo que en los hechos es muy grave porque implica la comisión de un delito.
’En pocas palabras, dicen que todo estuvo perfecto: que la convocatoria fue inmaculada a pesar de que no existieron estudios de mercado y que no tomaron en cuenta a la Comisaría Municipal; que el Comité de Adquisiciones sí puede comprometer las finanzas del municipio por tres años, sin la autorización del Ayuntamiento y violando el artículo 115 de la Constitución de la República (…); que no hay problema en violar suspensiones del Tribunal de Justicia Administrativa; que pueden cambiar los artículos que concursaron a la voluntad del proveedor, en el momento que se le antoje al proveedor, e incumplir con los plazos de entrega a la discreción del proveedor (…); que pueden comprarle a quién quieran, cuándo quieran y al precio que quieran, sin importar que los bienes que pretenden rentar se pudieron haber comprado mucho más baratos que lo que hicieron en su renta’, refirió la Regidora Fernández Ramírez.
Ante estas irregularidades, pidió a la Auditoría Superior del Estado que, al momento de fiscalizar la cuenta pública de Guadalajara, revise a detalle todo el tema de las adquisiciones y los arrendamientos, con énfasis en este caso particular de la compra de las patrullas y también el tema del C4, porque al igual es un caso que huele a la opacidad.
También se le solicitará al Tesorero tapatío que informe el destino de los 68 millones de pesos que la empresa dejará de recibir, como sanción por incumplimiento y por cambiar el objeto de la adquisición, y a la Fiscalía Anticorrupción que investigue e intervenga de oficio con la misma diligencia con que actúa contra una agente del Ministerio Público que viajaba sola con su hija en el Periférico o contra funcionarios de otras administraciones que resultan incómodos a sus pretensiones políticas.
Finalmente, se pedirá al integrantes del Consejo de Participación Social que mantengan una actitud crítica ante posibles actos de corrupción y que sigan acompañando este proceso que ellos mismos clasificaron como un caso paradigmático de corrupción, además de que se solicitó a la Contraloría Ciudadana del municipio para que rectifique su actuación, toda vez que aún quedan más de dos años de gobierno municipal y Guadalajara merece más rectitud y transparencia.
