El campo jalisciense, uno de los pilares agropecuarios de México, enfrenta una crisis de rentabilidad que amenaza la subsistencia de miles de productores, particularmente aquellos dedicados al cultivo de maíz blanco. La volatilidad de los precios en el mercado internacional, los altos costos de los insumos (fertilizantes, combustibles) y los efectos adversos del cambio climático han estrechado drásticamente los márgenes de ganancia, llevando a muchos agricultores a operar con pérdidas o al borde de ellas. La necesidad de una intervención gubernamental sólida y estructural es inminente.
En este escenario de apremio, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de su Oficina de Representación en Jalisco, encabezada por el Delegado Maestro Alfredo Porras Domínguez, ha anunciado la apertura de un proceso de registro para acceder a apoyos económicos. El objetivo declarado es el fortalecimiento de la producción de maíz blanco para respaldar la rentabilidad y la estabilidad económica en el estado.
El programa contempla un apoyo total de 950 pesos por tonelada de maíz blanco, distribuido de la siguiente manera:
Gobierno Federal: 800 pesos por tonelada.
Gobierno de Jalisco: 150 pesos adicionales por tonelada.
Cada productor tiene la posibilidad de registrar hasta 20 hectáreas y un máximo de 200 toneladas. La SADER reitera que el proceso de registro será gratuito y transparente.
El trámite se llevará a cabo en dos etapas:
Registro y Actualización de Datos: Los productores deben acudir a las oficinas de los CADER o Distritos de Desarrollo Rural para el registro biométrico e incorporación al Padrón de Beneficiarios.
Validación y Trámite de Apoyo: Una vez pre-registrados, los productores presentarán las facturas y tickets de pesaje del grano en las ventanillas de atención ubicadas en bodegas o centros de acopio autorizados por la SADER para formalizar la recepción del subsidio.
Los propósitos oficiales de estos apoyos son "fortalecer la soberanía alimentaria, incentivar la productividad agrícola y mejorar los ingresos de las familias rurales".
Si bien la inyección de 950 pesos por tonelada representa un alivio inmediato para los productores, el sector especializado advierte que esta medida es, en esencia, un paliativo económico con un claro tinte político, y no la solución total y estructural que el campo jalisciense requiere.
El apoyo, que busca mejorar los ingresos y garantizar precios más justos, no aborda las causas de raíz del problema, tales como:
Costo de Producción: La ayuda no compensa completamente el incremento descontrolado en los costos de fertilizantes y agroquímicos, manteniendo al productor en una posición vulnerable frente a los intermediarios y la especulación del mercado.
Infraestructura y Tecnología: El programa no incluye inversiones significativas en la modernización de infraestructura de riego, maquinaria o tecnología post cosecha, elementos esenciales para garantizar la productividad a largo plazo y competitividad.
Política de Precios Sólida: El subsidio es un apoyo ad-hoc (circunstancial), no la implementación de una política de precios de garantía a largo plazo o de instrumentos de cobertura que brinden certidumbre financiera al productor en cada ciclo agrícola.
La distribución de recursos de manera directa, aunque necesaria para mitigar la emergencia, suele interpretarse como una estrategia para capitalizar el descontento y generar clientelismo político en vísperas de futuros procesos electorales. Las declaraciones de la SADER, que refrendan un "compromiso de acompañar a las y los productores con acciones concretas", aunque bien intencionadas, suenan huecas si no están respaldadas por un plan integral que trascienda la coyuntura.
El apoyo económico de 950 pesos/tonelada es un salvavidas momentáneo para evitar el colapso financiero de muchos maiceros de Jalisco. Sin embargo, si los gobiernos federal y estatal desean verdaderamente "fortalecer el desarrollo sostenible del campo mexicano", deberán transitar de las medidas coyunturales a la inversión estratégica en mecanismos de comercialización justos, infraestructura y seguridad productiva, garantizando así la permanencia y dignidad de la actividad agrícola más allá de la duración de un sexenio o la proximidad de una elección.
