La disparidad en los costos del transporte público en Jalisco ha puesto en el centro del debate legislativo la vulnerabilidad económica de quienes habitan en las zonas periféricas y comunidades alejadas de la capital tapatía.
La diputada Brenda Guadalupe Carrera García, integrante de la bancada del Partido Verde, presentó una propuesta de acuerdo legislativo que busca terminar con los "tarifazos" silenciosos que afectan a miles de ciudadanos que dependen de rutas de concesión federal.
Según denunció la legisladora, mientras el debate público se centra en evitar incrementos al sistema estatal, los habitantes de municipios conurbados como Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapopan ya enfrentan cuotas que oscilan entre los 15 y 18 pesos, sin gozar de los beneficios de conectividad que ofrece la zona metropolitana.
La iniciativa de la diputada Carrera García exhorta formalmente al Gobierno Federal a homologar las tarifas de estas rutas con el sistema urbano de Guadalajara, proponiendo un costo estándar de 11 pesos para el público en general y una tarifa preferencial de 5 pesos para estudiantes y adultos mayores.
El argumento central de la propuesta sostiene que el transporte debe ser visto como un eje de justicia social y no como un negocio exclusivo, especialmente cuando estas unidades federales utilizan la infraestructura pública de Jalisco —calles, semáforos y paradas— sin ofrecer condiciones equitativas a los usuarios que diariamente se desplazan desde las zonas más apartadas.
La preocupación ciudadana, recogida por la legisladora en recorridos de campo, resalta que los usuarios de la periferia no solo pagan más, sino que carecen de descuentos en transbordos, lo que duplica o triplica el gasto diario de las familias.
Ante esta realidad, Carrera García hizo un llamado a la congruencia política hacia las fracciones legislativas de Morena, Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo, instándolos a que la defensa de la economía familiar no sea selectiva.
La propuesta subraya que, para más de 300,000 personas, la distinción administrativa entre transporte estatal o federal es irrelevante; lo que impacta directamente es el costo injusto que deben pagar para llegar a sus centros de trabajo o escuelas, exigiendo que el bienestar económico de la población se priorice por encima de cualquier conveniencia partidista.
