La diputada federal Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual legisladora por Morena, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con la organización criminal conocida como ’La Mayiza’, una facción del Cártel de Sinaloa.
Según el informe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Brown habría facilitado contratos públicos y protección institucional a Candelario Arcega Aguirre, operador financiero de la red delictiva, durante su gestión municipal (2021–2024). Entre los contratos cuestionados figura la adquisición de patrullas por 11.9 millones de pesos, adjudicada directamente a empresas vinculadas con Arcega.
La investigación también menciona a Jesús González Lomelí, empresario presuntamente involucrado en lavado de dinero, como parte del esquema de colaboración entre autoridades locales y el crimen organizado.
En respuesta, Brown negó los señalamientos y aseguró que no tiene cuentas congeladas ni restricciones migratorias, tras haber viajado recientemente a Estados Unidos. ’No tengo nada que ocultar. Todo se hizo conforme a la ley’, declaró en entrevista.
El caso ha encendido alertas sobre la penetración del crimen organizado en gobiernos municipales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y transparencia en la asignación de recursos públicos.
