Detienen a alcalde morenista

Mediante un operativo conjunto ejecutado por elementos de las Secretarías Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia, la madrugada del jueves 5 de febrero fue detenido Diego Rivera Navarro, alcalde morenista de Tequila, Jalisco, señalado por liderar una red de extorsión desde la alcaldía contra empresarios, comerciantes y actores clave de la industria tequilera.
También se le acusa de intervenir ilegalmente en el Museo Nacional del Tequila, de violencia de género contra diputadas locales y de mantener nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cártel encabezado por el ’Mencho’ Oseguera Cervantes.
Sucede que este político, del cual no existe información curricular disponible y de sus declaraciones patrimoniales solo existe registro de lo revelado en 2023 dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero con información faltante en la mayor parte del documento, desarrolló diversas acciones ilegales, tales como pretender usar el citado museo como un sitio para su uso personal como oficinas o para realizar festejos privados.
Además, intentó extorsionar a la tequilera José Cuervo cuando el Ayuntamiento exigió cerca de 60 millones de pesos en impuestos, hecho calificado como ’excesivo’ frente a pagos de años anteriores, lo cual fue impugnado y se requirió la intervención del gobierno jalisciense para resolver el conflicto. A pesar de ello, la empresa interpuso una denuncia por extorsión contra Rivera Navarro y otros funcionarios municipales, hecho que alentó a otros empresarios a seguir por la misma vía legal, ya que también habían sido víctimas de actos ilegales similares.
Se debe precisar que también fueron detenidos tres servidores públicos municipales, considerados fundamentales en la administración local: los directores de Seguridad Pública, de Catastro y Predial y de Obras Públicas, aunque no podrían descartarse nuevas capturas.
De acuerdo con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, esta acción es parte de la Operación Enjambre, dispositivo federal coordinado entre fuerzas federales y fiscalías estatales para desarticular redes criminales en gobiernos locales, como ya ha sucedido en municipios del Estado de México.
Esta es, hasta el momento, la primera detención de un político adscrito a Morena, aunque existen otros señalados por diversas irregularidades, donde destacan entre otros el senador Adán Augusto López, y Layda Sansores, gobernadora de Campeche, aunque el exgobernador de Tabasco ha sido defendido por la presidenta Claudia Sheibaum.
En el caso de la mandataria campechana, ella actúa como si fuera su feudo personal, donde incluso ha llegado al grado de enfrentarse con diputados y alcaldes de Morena, para convertirse en un personaje incómodo hasta para el mismo gobierno federal.
Resulta no solo deseable, también necesario, no solo para las autoridades nacionales, en primer lugar para los mexicanos, que aquellos políticos –sin importar el partido en el que militen y sin caer en cacería de brujas– quienes utilizan sus cargos para presuntamente cometer actividades ilegales sean investigados y, en caso de demostrarse su responsabilidad, entonces ser juzgados y sentenciados.