El pasado 25 de junio, Liseth, una mujer venezolana, y su hijo Misael, de cinco años de edad y con discapacidad auditiva, fueron detenidos arbitrariamente por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), mientras acompañaban al hermano de Liseth, quien buscaba regresar voluntariamente a Venezuela. A pesar de que él fue liberado, ella y su hijo fueron trasladados a un recinto no identificado en Toluca, sin información oficial sobre su situación y en total incomunicación.
La detención no solo carece de fundamento legal, sino que contraviene lo establecido en la Ley de Migración, la cual desde noviembre de 2020 prohíbe la privación de la libertad de familias y personas menores de edad migrantes. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido una explicación oficial, mientras organizaciones civiles denuncian una preocupante opacidad en el manejo del caso.
Liseth, quien reside en México desde hace seis meses con su pareja mexicana y cuyo hijo asiste a la escuela, ha sido respaldada por el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI). La organización ha promovido un amparo por detención arbitraria, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y estableció comunicación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. No obstante, las autoridades aún no responden.
El hermano de Liseth denunció que durante la detención en el AIFA no se les ofreció alimentación ni atención médica y que fueron subidos a una camioneta sin placas ni logotipos oficiales, aumentando la preocupación por su paradero y bienestar.
Desde el IMUMI se señala que este caso no es aislado, sino parte de una política de contención migratoria sistemática que violenta los derechos humanos de personas migrantes, incluso cuando acuden voluntariamente a regularizar su situación o regresar a su país. La organización ha exhortado al nuevo comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a implementar un cambio de enfoque centrado en la protección y no en la represión.
’Es tiempo de proteger, no de castigar. La nueva administración tiene en sus manos la oportunidad de demostrar que otra política migratoria es posible: una en la que se escuche, se proteja y se respete la dignidad de quienes migran’, expresó IMUMI, haciendo un llamado urgente a la liberación inmediata de Liseth y Misael.
