El Tijeretazo Político
Joaquin Bojorges
Mientras la presidenta de México alza la voz en foros internacionales para exigir respeto a los derechos humanos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, su gobierno cultiva un doble discurso que raya en la hipocresía institucional. En casa, son sus propias políticas migratorias las que condenan a miles de mujeres migrantes a la violencia, el olvido y la ilegalidad sistemática.
En el reciente escrutinio del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), diversas organizaciones civiles pusieron el dedo en la llaga: el Estado mexicano no sólo perpetúa la violencia estructural contra mujeres en movilidad, sino que la ha institucionalizado bajo un régimen de detenciones prolongadas, militarización de rutas migratorias y exclusión sistemática de derechos esenciales como la salud reproductiva o el trabajo digno.
El informe sombra entregado al comité es un espejo incómodo para el discurso oficial. ¿Cómo conciliar la exigencia de trato digno a nuestros connacionales en el norte, mientras las mujeres centroamericanas, caribeñas o sudamericanas enfrentan en México un vía crucis de detenciones ilegales, abuso institucional, pobreza menstrual y explotación laboral? Entre 2018 y 2024 se abrieron más de 10,000 investigaciones por delitos contra personas migrantes sin que una sola llegara a juicio. Ese dato no grita impunidad: la institucionaliza.
Pero el tijeretazo más lacerante viene por la desobediencia deliberada al poder judicial. Pese a las resoluciones de la Suprema Corte que limitan la detención migratoria a 36 horas y prohíben revisiones en carretera, el gobierno mantiene prácticas inconstitucionales sin reparo. ¿Qué valor tiene entonces un fallo judicial cuando el Ejecutivo lo ignora en nombre de la gobernabilidad?
La narrativa progresista con la que se adorna la actual administración tropieza con la realidad de las mujeres haitianas, indígenas, afrodescendientes, jornaleras y LGBTIQ+ que cruzan el país solo para encontrarse con un sistema que las criminaliza, invisibiliza o explota. No hay transformación posible cuando el Estado se sienta en la mesa de los derechos humanos con traje diplomático, pero deja las botas militares sobre los derechos de quienes migran.
En política, no hay contradicciones: hay prioridades. Y si esta administración quiere ser recordada como defensora de derechos, deberá empezar por aplicar en casa lo que exige fuera. Porque ningún gobierno tiene autoridad moral para alzar la voz en el extranjero cuando niega la justicia en su propio territorio.
