’Los reclutadores no se ocultan: emplean influencers, retos virales, ofertas laborales y mensajes privados para normalizar la vida criminal y atraer a quienes buscan dinero, estatus o pertenencia’, advierte Norberto Maldonado, presidente de la Fundación Kooltivo y especialista en tecnología.
La estrategia criminal ha alcanzado niveles industriales: primero seducen, luego aíslan y finalmente integran a las víctimas en una cadena que puede ir desde la violencia callejera hasta el manejo de call centers dedicados al robo de datos y la extorsión. Este modelo permite ampliar su base operativa con menor riesgo y alcance nacional.
El fenómeno tiene focos geográficos definidos. Informes oficiales y coberturas periodísticas ubican a Baja California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México como las entidades con mayor número de casos reportados de reclutamiento de menores y jóvenes. Expertos atribuyen esta concentración a la presencia de grupos criminales, altos niveles de violencia y vacíos económicos que hacen atractivas las ’ofertas’ fraudulentas en línea.
La digitalización del delito presenta cifras alarmantes. El informe anual del Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI registró en 2024 un total de 859,532 denuncias, con pérdidas estimadas en 16.6 mil millones de dólares. Estos datos ilustran la sofisticación y escala del fraude digital, alimentado indirectamente por procesos de captación en línea.
’Si el reclutamiento digital sostiene esa maquinaria, estamos ante un problema global, trasnacional, que golpea directamente a comunidades y familias en México y el mundo’, subraya Maldonado.
México ya ha vivido episodios donde la propaganda virtual derivó en violencia física. En 2025, la fiscalía federal documentó un rancho en Teuchitlán, Jalisco, utilizado como centro de entrenamiento y operaciones. Este caso evidenció el vínculo entre anuncios en redes sociales, centros de instrucción y, en algunos casos, desapariciones y asesinatos. La captación digital puede ser el primer paso hacia la violencia tangible.
’La propaganda virtual no es inocua: muchas veces es el primer eslabón de una cadena que conduce a la explotación, el adoctrinamiento y, en el peor de los casos, a la muerte’, alerta Maldonado.
Sobre los mecanismos concretos, el experto detalla que operan como una ingeniería social en varias fases: glamurización del delito mediante imágenes de autos, viajes y dinero; uso de microinfluencers y cuentas locales para ganar legitimidad; retos virales que funcionan como filtros; ofertas laborales falsas como ’trabaja desde casa en un call center’ que encubren fraudes y robo de datos; y grooming.
’El grooming —o ‘groomear’, en lenguaje coloquial— consiste en ganarse la confianza de una persona mediante manipulación emocional para luego explotarla. Es un proceso deliberado y gradual’, explica Maldonado, señalando que este método es clave para que los jóvenes pasen de la curiosidad a la complicidad.
Ante este panorama, Maldonado propone medidas urgentes en tres niveles: individual, empresarial y público.
Medidas individuales:
- Activar la verificación en dos pasos.
- Limitar la visibilidad de perfiles y contenidos.
- Desconfiar de ofertas que soliciten datos bancarios o transferencias antes de una contratación formal.
- Verificar vacantes directamente con las empresas emisoras.
- Denunciar cuentas sospechosas en plataformas y ante autoridades.
Medidas empresariales:
- Detectar patrones de captación.
- Eliminar contenido que facilite el reclutamiento.
- Colaborar con investigaciones mediante protocolos claros para la entrega de metadatos bajo orden judicial.
Medidas públicas:
- Crear fiscalías especializadas en ciberdelito.
- Desarrollar inteligencia digital.
- Establecer un registro nacional de denuncias electrónicas para trazar redes de captación.
La crítica de Maldonado al gobierno es directa: ’No basta con cerrar cuentas de forma esporádica, lanzar campañas informativas o emitir comunicados. Se requiere inteligencia digital sostenida, fiscalías con ‘ciberdientes’ y protocolos que obliguen a las plataformas a entregar información de forma oportuna para perseguir a los ciberdelincuentes’.
Actualmente, el Estado carece de la infraestructura y coordinación necesarias para desarticular la cadena delictiva que inicia en una app y culmina en explotación o violencia. Por ello, Maldonado insiste en una respuesta articulada y permanente basada en la ’triple hélice’: mesas intersectoriales para el intercambio seguro de datos, laboratorios mixtos para identificar patrones de reclutamiento y programas de investigación aplicada que diseñen intervenciones basadas en evidencia.
Como prioridades de política pública, propone:
- La creación inmediata de un registro nacional de denuncias electrónicas.
- Capacitación obligatoria en alfabetización digital para docentes y padres.
- Unidades de atención psicológica y reintegración para jóvenes rescatados.
- Acuerdos legales que obliguen a las plataformas a actuar con mayor transparencia y rapidez ante patrones de captación.
’Si no actuamos juntos, la respuesta será siempre fragmentaria y los jóvenes seguirán encontrando puertas abiertas hacia la delincuencia con solo un clic’, concluye el especialista.
