Una coalición de 22 organizaciones regionales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la consolidación de una política de externalización de fronteras por parte de Estados Unidos, que estaría derivando en torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas migrantes trasladadas a terceros países.
Durante la audiencia temática ’Situación de las personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de la movilidad humana’, las organizaciones expusieron que Washington ha firmado en el último año acuerdos opacos con gobiernos latinoamericanos y caribeños. Estos convenios, señalaron, violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y obligan a países receptores sin infraestructura ni sistemas de asilo funcionales a gestionar poblaciones vulnerables, generando un sufrimiento humano devastador.
- México: Entre enero y diciembre de 2025 fueron deportadas casi 13,000 personas de terceras nacionalidades, incluyendo 690 niñas, niños y adolescentes. Las autoridades mexicanas recibieron a estas personas sin información sobre sus procesos previos en EE.UU.
- El Salvador: 252 jóvenes venezolanos fueron recluidos en el CECOT bajo engaños, sufriendo incomunicación, torturas y abusos sexuales durante más de cuatro meses, antes de ser devueltos a Venezuela, en abierta violación del principio de no devolución.
- Panamá y Costa Rica: Se reportaron campamentos de detención en condiciones inhumanas. En Darién, 300 personas fueron retenidas y se documentaron negaciones sumarias de asilo y violencia sexual. En Costa Rica, familias con 81 menores fueron confinadas en una antigua fábrica bajo vigilancia armada y hacinamiento extremo.
- Guatemala y Honduras: Ambos países han recibido personas expulsadas bajo acuerdos de cooperación. En Honduras, más de 2,800 casos de asilo fueron cerrados sin audiencia y las personas deportadas hacia un contexto inseguro.
Las y los defensores advirtieron que estas prácticas exponen a migrantes a secuestros, violaciones y tortura, además de socavar el derecho internacional. ’El traslado de personas que huyen de la violencia hacia lugares donde sus vidas vuelven a estar en riesgo es una política que atenta contra la dignidad humana’, subrayaron.
Las organizaciones pidieron a la CIDH y a otros mecanismos internacionales:
- Emitir un documento técnico que obligue a los Estados a rendir cuentas.
- Solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre la legalidad de estas expulsiones.
- Realizar visitas in situ para supervisar condiciones de detención y evitar devoluciones en cadena.
La comisionada Andrea Pochak fue contundente: ’Ningún derecho a la soberanía permite torturar a una persona ni quitarle su dignidad… Cuando todo esto pase, cada una de nosotras va a tener que preguntarse qué hizo para evitar que las personas migrantes sean tratadas como animales’.
