El Tijeretazo Político
Joaquín Bojorges
En un país donde ejercer el periodismo equivale muchas veces a caminar sobre el filo de la navaja, el cuarto y último Foro de Análisis de Reformas a la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, celebrado en la Legislatura mexiquense, representa más que un acto simbólico: es la exigencia colectiva de pasar del diagnóstico reiterado a la transformación normativa real.
El Estado de México, con todo su peso poblacional, político y mediático, enfrenta un rezago estructural en la defensa del derecho a informar. Los datos no mienten: amenazas, desplazamientos forzados, criminalización y omisiones legales forman parte del paisaje cotidiano para muchos periodistas. Y, peor aún, sectores históricamente invisibilizados —comunicadores indígenas, mujeres, personas LGBTTTIQ+, trabajadores freelance— enfrentan aún mayores riesgos y menos garantías.
La iniciativa impulsada por la red 100 Periodistas por el Estado de México no sólo expone esta realidad, sino que demuestra que la sociedad civil organizada sí puede construir rutas de solución concretas: más de 60 beneficiarios directos del mecanismo, nuevos protocolos policiales, inclusión en el IMSS-Bienestar, convenios institucionales y un diagnóstico transformado en propuesta legislativa.
Pero el punto medular está en lo que no existe: una garantía constitucional expresa de la libertad de prensa en el marco jurídico mexiquense. Este vacío no es menor. Como advirtió el jurista Javier Martínez Cruz, se protege a quien ejerce un derecho, sí, pero ¿qué pasa cuando ese derecho ni siquiera figura explícitamente en la Carta Magna local?
En ese contexto, la ponencia de Veneranda Mendoza resonó con fuerza. Su denuncia fue puntual y necesaria: una ley sin seguridad social, sin protección laboral, sin defensa jurídica, es una ley vacía, incapaz de responder al paisaje precario en el que subsiste buena parte del gremio. Las reformas ’cosméticas’ no bastan.
La urgencia no es técnica, es ética. Garantizar la libertad de expresión no es una concesión del Estado: es una obligación constitucional y moral. Como bien señaló el diputado Samuel Hernández, esta lucha no puede traducirse en favores, sino en compromisos vinculantes y presupuesto suficiente.
Hoy, el Congreso mexiquense tiene en sus manos un documento maestro que, si es aprobado con valentía y visión de largo plazo, puede convertirse en referente nacional. Pero si se archiva, se posterga o se diluye en negociaciones sin horizonte, la deuda con la libertad de prensa no hará más que crecer.
La historia no absolverá la indiferencia. El periodismo merece algo más que homenajes póstumos. Merece vivir.
