Como resultado de una Audiencia celebrada en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 de Tlalnepantla, Estado de México, la Magistrada Ana Lili Olvera, decidió suspender la ejecución de una orden para intervenir, a más tardar la primera semana de julio, una parte del Ejido Huehuetoca con ayuda de la Guardia Nacional, misma que había sido determinada por el propio Tribunal hace algunas semanas después del análisis del expediente 810/2011.
La suspensión fue resultado de la explicación de hechos realizada en la Audiencia a la Magistrada por parte del abogado Felipe Cruz Rodríguez y de los miembros de la Comisión de Ejidatarios de Huehuetoca encargada del caso Grupo Productivo Santander.
En la audiencia, en la que también estuvieron presentes los integrantes del Comisariado del Ejido, a la Magistrada se le explicó que existen mapas oficiales que definen claramente que las más de 65 hectáreas que se les quieren despojar a los ejidatarios, realmente les pertenecen y han sido pobladas por sus antepasados desde 1925, cuando se conformó dicho ejido.
Explicaron que ese mapa, así como otros documentos, fueron recuperados por los ejidatarios en los meses recientes, por lo que no pudieron formar parte de la documentación original que integró el expediente del caso.
’Esos mapas no podrán cambiar la decisión del Tribunal en contra de los ejidatarios, sin embargo, sí pueden detener en este momento la Ejecución de la acción para intervenir los terrenos, y permitirán analizar detalladamente colindancías de forma adecuada’ afirmó la Magistrada.
Asimismo, manifestó que el Tribunal podrá además pedirle al Tribunal Superior Agrario que defina un perito externo o del mismo organismo, para que éste determine con fundamentos técnicos el perímetro del ejido y con ello si las tierras les pertenecen o no, ante el reclamo hecho por un grupo de empresarios.
Cabe recordar que los ejidatarios hicieron público recientemente, que la familia Pérez Lizaur demandó legalmente en el 2011 a los propietarios del Ejido Huehuetoca y ahora tienen el propósito de despojar a los mismos de estas tierras.
Denunciaron que, encabezados por Joaquín Pérez Lizaur, esta familia argumenta que su padre, el señor Jacobo Pérez Barroso (fallecido), era dueño de esas tierras y que ellos
como hijos tienen derecho a las mismas, las cuales fueron invadidas, entregando documentación incluso apócrifa, poco legible y cuyas coordenadas no corresponden al perímetro del Ejido Huehuetoca.
Los ejidatarios dijeron que incluso a lo largo de los años, la familia Pérez Lizaur ha llevado a cabo diversas acciones de compra-venta de las tierras, para aparentar la propiedad de
las mismas, a pesar de la existencia de diversos amparos interpuestos por los ejidatarios.
La Comisión de ejidatarios y su abogado Cruz Rodríguez confiaron en que el mapa oficial con la ampliación confirme a la autoridad judicial que les pertenece la razón y que no hay manera legal de que les quiten dichas tierras.
