En un acto que despoja al transporte público de su naturaleza de derecho humano para convertirlo en una moneda de cambio empresarial, el Ejecutivo Estatal de Jalisco ha consumado una serie de irregularidades técnicas y legales que impactan directamente en el bolsillo de millones de usuarios. Durante una reciente comparecencia, integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte denunciaron que el reciente incremento a la tarifa no solo carece de sustento técnico verificable, sino que se ha utilizado para condicionar subsidios sociales a la entrega de datos personales y biométricos a entidades bancarias.
La génesis de este atropello se remonta al pasado 26 de diciembre de 2025. En plena temporada vacacional y con una opacidad deliberada, el Comité Tarifario sesionó para aprobar un aumento sin proporcionar información técnica suficiente que permitiera una verificación independiente.
La irregularidad más flagrante expuesta por el Observatorio es la distorsión del acuerdo real: mientras la minuta oficial —entregada mes y medio después tras fuertes presiones— revela que la fórmula de indexación arrojó una tarifa de $13.03 pesos, el Gobernador anunció unilateralmente un costo de $14.00 pesos. Esta diferencia de casi un peso, multiplicada por los millones de viajes diarios, representa una transferencia masiva de recursos de la ciudadanía hacia las arcas de los operadores y financieras, sin que exista una mejora comprobable en la calidad, frecuencia o seguridad del servicio.
El modelo de "mercantilización" se extiende ahora a la Tarjeta Única. El Observatorio advierte con alarma que el acceso al subsidio universal, un derecho estipulado en los artículos 335 al 339 de la Ley de Movilidad, está siendo condicionado a una tarjeta bancarizada. Para obtener el beneficio, el sistema obliga al usuario a aceptar cláusulas donde la empresa puede compartir o vender datos georreferenciados y biométricos con fines comerciales. Esta "trampa digital" vulnera los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), ya que no permite avanzar en el trámite si el ciudadano decide no ser objeto de marketing. El Estado, en una abdicación de sus funciones, ha pasado de ser el regulador del transporte a convertirse en un agente promotor de empresas privadas, utilizando la necesidad del usuario como palanca de venta.
A esta estructura de imposiciones se suma la fabricación de datos a modo. La encuesta de satisfacción presentada por el IMEPLAN ha sido calificada por los colectivos como un instrumento "sordo" y metodológicamente deficiente. El muestreo ignoró las propuestas del Observatorio y sobre-representó a los sistemas con mejor infraestructura (Tren Ligero y Peribús), que solo mueven al 30% de la población, mientras que las rutas convencionales —donde persisten las peores deficiencias— apenas recibieron una cuarta parte de las encuestas. El resultado es una "realidad alterna" que no refleja la experiencia del usuario promedio que espera hasta 40 minutos por una unidad en zonas periféricas.
Finalmente, el panorama de la movilidad activa en la entidad tampoco escapa a la falta de planeación. Si bien se celebra la ampliación del sistema MiBici, el Observatorio señala que los anuncios son estériles si no van acompañados de una hoja de ruta para la extensión de ciclovías seguras y mantenimiento operativo. La situación actual es crítica: mientras el Ejecutivo presume modernización, las instituciones ciudadanas llevan más de un año esperando la ratificación de su acuerdo de creación, enfrentando un gobierno que ha cerrado los canales de comunicación. Ante este escenario, la exigencia es clara: la tarifa debe estar vinculada a resultados cuantificables y no a proyecciones políticas, y el transporte público debe dejar de ser el botín de un modelo financiero para volver a ser un servicio digno para los jaliscienses.
