De ’fraudes’ a fraudes

En el actual periodo de sesiones del Congreso Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsará básicamente tres reformas constitucionales: la eléctrica, para según él fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad; la de la Guardia Nacional, para que pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional; y la electoral, para terminar para siempre con lo que ha dado en llamar ’el periodo vergonzoso de los fraudes electorales’.
En su discurso del pasado 5 de febrero en Querétaro, en la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana, expresó que con su propuesta se garantizaría el nombramiento de consejeros y magistrados ’verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad y con vocación democrática’, pero en el fondo pretende terminar con el INE.
Todas sus iniciativas resultan trascendentales pero en el caso de la electoral se deben considerar varios factores: ¿recuerda algún fraude electoral donde la ciudadanía haya salido a las calles a protestar y demandar nuevos comicios? Pues el último fue en el 2006, cuando López Obrador se quejó de que le habían robado la presidencia de la república, pero a pesar de sus manifestaciones y del ’voto por voto, casilla por casilla’, no se comprobó tal fraude.
¿Acaso en los recientes comicios donde 17 gobernadores, cientos de legisladores federales y locales, de presidentes municipales postulados por Morena, e incluso él mismo, han llegado a los cargos en elecciones fraudulentas? Pues no, han sido procesos todos legales.
Ahora, para demandar la organización de la consulta para la ratificación, perdón, para la revocación de mandato presidencial, activistas de Morena aportaron millones de presuntas firmas de respaldo, pero en la revisión del INE se detectaron cientos de miles de irregularidades tanto a través de la aplicación telefónica como en las aportadas en papel.
Además, en el rastreo aleatorio de firmas se detectó que el 24.96% de las entregadas son apócrifas o presentan anomalías que las hacen inválidas, pero eso ya lo sabían los promotores de la consulta. ¿Acaso todo lo anterior no se puede configurar como un fraude?
Es decir, López Obrador pretende acabar con el actual árbitro electoral autónomo bajo la falsa premisa de que permite fraudes electorales, que ’afectan y empañan’ las decisiones ciudadanas, pero pretende ignorar las irregularidades para promover una innecesaria consulta.
No se vale argumentar inexistentes fraudes en comicios, máxime cuando los candidatos de Morena son ganadores, pero tampoco se debe permitir cometer irregularidades para continuar con propósitos egocentristas que no aportarán ningún beneficio político o social.