Mañana, en la Cumbre sobre Migración ‘Por una vecindad fraterna y en busca del bienestar’, que se realizará en Palenque, Chiapas, mandatarios o representantes de Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Venezuela, Panamá y México tienen la oportunidad de pronunciarse en contra de la externalización del control migratorio y comprometerse a fortalecer la protección internacional en la región y las vías regulares para que las personas en movilidad puedan buscar las mejores opciones de vida para sus familias.
La mayoría de los Estados que asistirán a la Cumbre son parte del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el Pacto Mundial sobre los Refugiados y la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles en los que se establecen acciones conjuntas para una gestión migratoria más humana, facilitar vías regulares de migración e integración en los países de destino, fortalecer los sistemas de asilo y cooperar para garantizar una migración libre de violencia. Sin embargo, las acciones implementadas en el contexto de esos acuerdos internacionales han priorizado la contención migratoria, generando escenarios más violentos para las personas que son forzadas a tomar rutas peligrosas como el camino por el Tapón del Darién en Panamá o arriba de los trenes de carga en México.
Desde mayo de 2023, México acordó la recepción de personas de terceros países -Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela- deportadas de Estados Unidos bajo la veda de asilo (Asylum Ban) para personas que entran sin una cita en CBP One. Recientemente, ha reiniciado vuelos de deportación a Cuba, Honduras y Venezuela sin explicar cómo están asegurando que las personas retornadas han tenido la oportunidad de solicitar protección en México. Se espera que estas nuevas deportaciones, desde Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco, y el cumplimiento de la garantía del principio de no devolución sea un tema de la Cumbre, pues concierne a varios de los países participantes.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) esperamos que el diálogo en la Cumbre se encamine a:
Fortalecer los sistemas de protección internacional en la región. Más del 70% de las solicitudes de asilo son de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Fortalecer vías regulares de migración para que las personas puedan trabajar y residir en lugares más seguros y en condiciones dignas. Éstas deben ser accesibles a las necesidades de las mujeres quienes huyen de contextos de violencia de género.
Eliminar la militarización del control migratorio y de las fronteras. Para las mujeres ha representado enfrentarse a la violencia sexual y escenarios de trauma.
Eliminar aquellas acciones de contención que obligan a las personas a hacer tránsitos más peligrosos, orillándolas a contratar a traficantes que les cobran montos exorbitantes en condiciones que arriesgan sus vidas. Las mujeres representan entre el 25 y 30% en los eventos de detención migratoria en México y son el 50% de las personas migrantes en la región.
Establecer mecanismos para proteger a las personas desplazadas por impactos de la crisis climática en la región, en especial en Centroamérica que estará en aumento en los próximos años. Los efectos del cambio climático tienen mayores impactos en las mujeres, lo que incrementa las condiciones de desigualdad que ya viven.
Implementar mecanismos para prohibir que empresas transnacionales -proyectos mineros, hidroeléctricos, etcétera- despojen a las personas de sus comunidades, pues contribuyen a la migración forzada en la región.
Buscar soluciones políticas para que Estados Unidos levante las sanciones económicas que contribuyen al desplazamiento forzado en la región.
Dejar de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en la implementación de políticas migratorias violatorias del marco jurídico internacional y nacional.
La Cumbre es una oportunidad de trazar un proceso de coordinación conjunta para atender las múltiples causas que desplazan a las personas de sus países de origen y garantizar un tránsito seguro con programas de integración en los países de destino, que garanticen los derechos humanos y se alineen a los recientes compromisos internacionales.
