El Tijeretazo Político
Joaquín Bojorges
La rapidez con la que se movilizaron las autoridades tras el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz —colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno Clara Brugada— contrasta brutalmente con la parálisis institucional que enfrentan miles de familias mexicanas cuyos casos jamás se investigan con el mismo rigor. En menosde una semana, hubo operativos conjuntos, y en dos meses 13 detenciones, declaraciones públicas de alto nivel y una cobertura mediática que convirtió el crimen en un asunto de Estado. ¿Por qué algunos homicidios merecen toda la maquinaria del poder mientras otros se hunden en el olvido?
Por lo que cabe hacer esta pregunta al notarse a leguas que en México exuste la Justicia selectiva, porque sabemos de antemano quién decide qué vidas importan.
La respuesta no está en la ley, sino en la política. Cuando las víctimas tienen vínculos con el poder, el Estado responde con eficacia. Cuando no, la justicia se vuelve una promesa vacía. Esta jerarquización de víctimas no es nueva, pero el caso Ximena-José lo expone con crudeza. Mientras sus nombres se repiten en conferencias y titulares, más de 95% de los homicidios en México siguen sin esclarecerse, según datos del INEGI y organizaciones como Impunidad Cero.
La narrativa oficial presume capacidad operativa, pero esa misma capacidad se ausenta en colonias periféricas, comunidades indígenas y zonas rurales donde el crimen se normaliza y la impunidad se institucionaliza.
La doble moral de los que nos gobiernan ha destacado por tener un doble discurso y mas si se trata de la seguridad
Pues, el discurso gubernamental insiste en que ’no habrá impunidad’ en este caso. Pero ¿qué significa eso en un país donde la impunidad es la norma? La justicia no puede depender del cargo que ocupaban las víctimas ni del impacto mediático del crimen. Si el Estado puede investigar con celeridad y contundencia, entonces debe hacerlo para todos. Lo contrario perpetúa un sistema de privilegios que convierte la justicia en un bien escaso y condicionado.
¿Y las otras víctimas? ¿Acaso no tien derecho a que se les haga justicia?
Las madres buscadoras, los colectivos de víctimas, los periodistas que documentan desapariciones y homicidios sin resolver, llevan años denunciando esta desigualdad. Sus exigencias rara vez reciben la misma atención. No hay operativos especiales, ni mesas de seguridad, ni conferencias de prensa. Solo silencio institucional y burocracia que revictimiza.
¿Qué hacer frente a esta asimetría?
- Exigir criterios públicos de priorización de casos. ¿Por qué unos se investigan y otros no?
- Fortalecer fiscalías autónomas y cuerpos de investigación profesionalizados. La justicia no puede depender de la voluntad política.
- Visibilizar los casos ignorados. Medios independientes y periodistas comunitarios deben seguir documentando lo que el Estado calla.
- Reformar el sistema de atención a víctimas. No basta con investigar: hay que reparar, acompañar y garantizar no repetición.
El caso de Ximena y José merece justicia, sin duda. Pero también debe servir como espejo incómodo para preguntarnos por qué tantas otras víctimas no la tienen. Si la justicia es selectiva, no es justicia: es poder.
