El Tijeretazo Político.
Joaquín Bojorges
Lo que se denuncia desde Hidalgo y la Ciudad de México no es un caso aislado ni un arrebato de carácter: es un patrón de intimidación, chantaje y amenazas contra periodistas que han osado publicar información sustentada en carpetas de investigación oficiales. El nombre de la señora Aylén Trejo Leal, en el centro del llamado caso Zimapán, no es nuevo en las redacciones. Pero esta vez no se trata del contenido de las acusaciones, sino de algo más grave: su embestida contra la prensa libre.
No es la primera vez que personas investigadas por delitos intentan revestirse de victimismo para exigir la eliminación de información pública. Lo que sí indigna es que, sin aportar prueba alguna, se intente amedrentar con amenazas personales, llamadas nocturnas y advertencias legales, a quienes se han limitado a cumplir con su deber informativo.
Que quede claro: la libertad de expresión y de prensa no es una concesión del poder, es un derecho garantizado en el artículo 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y protegido también por instrumentos internacionales como:
- El Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a ’buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole’.
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, que garantiza ’la libertad de expresión sin injerencias’.
Este marco legal respalda el trabajo de los periodistas que han informado —con base en documentos judiciales verificables— sobre múltiples denuncias contra Trejo Leal, incluyendo delitos tan graves como tentativa de homicidio, corrupción de menores y cohecho. ¿Cuál ha sido su defensa? Ninguna prueba, solo exigencias, descalificaciones y amenazas.
Aylén Trejo no está sola en esta peligrosa táctica: representa a quienes creen que la reputación se defiende con amenazas, no con argumentos. Exigir a medios que borren publicaciones fundadas en documentos oficiales, y condicionar esa eliminación con demandas por supuesto daño moral, no es ejercer un derecho —es abusar del marco legal como herramienta de censura.
Peor aún, los intentos de revertir la narrativa con acusaciones sin sustento —como en el caso fabricado por violación que pretendió inculpar a miembros de su propia familia— evidencian una práctica sistemática de manipulación judicial, que daña no solo a los involucrados directos, sino también a las instituciones encargadas de procurar justicia.
El silencio institucional ante estos hechos sería complicidad. El Mecanismo de Protección a Periodistas, la Defensoría del Congreso, la oficina de Artículo 19 y la propia CIDH deben actuar sin titubeos ante esta amenaza reiterada. La prensa no puede trabajar bajo acoso constante, y el periodismo crítico no es un delito: es un baluarte de la democracia.
No se protege a la víctima borrando las denuncias; se le protege investigando con rigor, permitiendo el ejercicio de defensa y promoviendo el debate público con todas las voces. Pero cuando una sola voz pretende callar a todas las demás, no estamos frente a un reclamo legítimo: estamos ante un intento autoritario de silenciar la verdad.
