PÉNDULO POLÍTICO

¿CUÁNDO LLEGARÁ LA JUSTICIA SOCIAL AL PUEBLO?

Dr. Emiliano Carrillo Carrasco

¿CUÁNDO LLEGARÁ LA JUSTICIA SOCIAL AL PUEBLO?

Política

Marzo 28, 2020 13:21 hrs.
Política Estados › México Estado de México
Dr. Emiliano Carrillo Carrasco › Informativo Nacional

La historia de nuestro país ha sido instrumento de quienes son los Héroes y los malos, por ejemplo un hombre que dio su vida a su ideal y libertad de pensamiento de los hermanos Jesus, Ricardo, Enrique, Fores Magon, expresaron a través de la información de su periódico Regeneración su pensamiento Nacionalista. El pueblo, los ciudadanos que eligen a esos personajes, no tienen poder alguno sobre esos individuos que según todos los artículos del Título Cuarto de la Constitución del 108 al 114, son sus servidores. El pueblo, en quien se dice que reside la soberanía, el pueblo, de quien dimana todo poder público, el poder ni medio legal alguno para destituir a sus llamados servidores, para encarcelarlos por los robos y los crímenes que cometen, la figura más común la colusión y la omisión, dedicados antes que todo a enriquecerse ellos, sus familiares y sus amigos del presidente, este puede ser destituido por el procedimiento llamado juicio político.

La idea de justicia social ha conducido a complementar el principio de igualdad con el de equidad. De esta manera la base contractual de la sociedad, que representa un constructo indispensable para el desarrollo de la soberanía popular y por ende de la democracia.Los Estados constitucionales contemporáneos, en cambio, han procedido de una manera más acorde con las motivaciones y con los objetivos iniciales del constitucionalismo. Al advertir que la formación de elites en el poder y que la acumulación de riqueza son inevitables en estructuras jurídicas basadas en la libertad, se optó por reconocer ambos fenómenos y tratar de racionalizarlos.

Conforme a las cifras oficiales en 2008 el 44% de los mexicanos vivía en condiciones de pobreza, lo que significa que no eran trabajadores o que padecían una explotación extrema. Si ese porcentaje se combina con otro 44% de la población que corresponde a la económicamente activa, o sea la que dispone de ingresos iguales o superiores al salario mínimo y que presumiblemente no debe sufrir pobreza, es posible concluir el bulto, alrededor del 80% de los mexicanos vive por debajo de lo razonable conforme a los estándares internacionales de justicia social.

El colapso económico mundial de 2008 desencadenó la revisión de la política social, económica y financiera de las grandes potencias. Aunque siguen prevaleciendo las grandes líneas del neoliberalismo conforme a las cuales el mercado deben actuar con la mayor libertad posible, es evidente que en Estados Unidos y en algunos países asiáticos, europeos y latinoamericanos ha comenzado el debate para enjuiciar los errores que condujeron a esa situación y que mantienen una amenaza latente de reincidencia.

Keynes las políticas monetaria y fiscal son esenciales para definir la política económica general, al menos en una economía cerrada, que es el modelo al que corresponde su Teoría General. En una economía abierta los especialistas incluyen otros elementos, como los tipos de cambio y las tarifas arancelarias. Por ahora lo que me interesa subrayar es que en un Estado constitucional las definiciones en materia monetaria y fiscal involucran a los congresos. La independencia técnica de los bancos centrales no implica que los representantes políticos sean testigos distantes de lo que determinen los expertos. No hay posibilidad de adoptar políticas sociales sin la participación de los representantes políticos. En un Estado constitucional el control y el seguimiento en cuanto a los efectos de estas políticas también están sujetos los órganos de representación.

En México se construyó la autonomía técnica del Banco central cuando el Congreso estaba dominado por un partido hegemónico y por lo mismo se generaron patrones de relación entre ambas instituciones ajenas a la vida de un Estado constitucional. La esencia de la representación política reside en la capacidad de los electores para influir en las decisiones del poder.

La elite burocrática y sus violaciones fundamentales: El Banco de México toma decisiones de las que el Congreso y la sociedad sólo tienen conocimiento cuando ya son hechos consumados y la presencia de su gobernador en el Congreso suele ser muy esporádica y con un enfoque protocolario. En las áreas tan sensibles como la seguridad social suelen producirse demoras y omisiones en las aportaciones patronales sin que se ejerzan las facultades económico-coactivas del Estado. El precio del dinero era para Keynes otro factor central en cuanto a la distribución de la riqueza y la generación de empleo. Demostró que los tipos de interés están relacionados con la acumulación de capital y que el encarecimiento del dinero propicia su acumulación. Este es un aspecto en el que los representantes políticos tampoco tienen opinión en el sistema constitucional mexicano.

Las decisiones crípticas de los funcionarios han convertido la autonomía técnica de las autoridades financieras en una facultad suprema para definir la política social. La tendencia a flexibilizar los contratos de trabajo implica un factor de incertidumbre que genera injustica en las relaciones sociales, además de efectos nocivos para la economía. Cuando se pretende involucrar a los partidos políticos en la asunción de medidas legislativas orientadas al trabajo precario lo que en realidad se desea es poner a disposición del aparato productivo trabajo eventual barato, sin importar los efectos negativos que esa situación tenga en los trabajadores y en sus familias.

El economista Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi demuestra que la sola medición del producto nacional bruto no ofrece indicios suficientes para evaluar la calidad de la vida de las personas y de las comunidades nacionales. En especial observan que la inseguridad laboral que resulta del trabajo precario tiene consecuencias adversas para la salud física y mental de los trabajadores y de sus familiares, y afecta asimismo a las corporaciones por la falta de motivación para los trabajadores, por la disminución de la productividad y por la pérdida de identidad de los empleados con la empresa. Puede agregarse que este tipo de relaciones de trabajo perjudica en su conjunto a la sociedad porque genera nuevas formas de estratificación.La cuestión fiscal también está relacionada con la estructura democrática del Estado. México es uno de los pocos Estados en los que la constitucionalidad de las leyes fiscales puede ser controvertida sobre la base de su proporcionalidad y equidad. Dos conceptos de extrema ambigüedad en materia tributaria sirven para tutelar los derechos de los más poderosos a expensas de los más débiles. Instituir compromisos sociales a cargo del Estado, más allá de los acciones de filantropía pública, sin remediar el esquema tributario constitucional es, en el mejor de los casos, una ilusión. La fracción IV del artículo 31 constitucional tiene la estructura normativa de un enredo: se ofrece la impresión de una norma de garantía cuando en realidad esconde una limitación para el Estado en materia fiscal.

El ocultamiento de privilegios que esa norma supone, se hace pender la responsabilidad de las deficiencias del sistema tributario en los causantes menores, a quienes paradójicamente se pretende imponer mayores cargas fiscales. Lo que se explica en el contexto de una república en gestación es incomprensible en una democracia avanzada. La reforma de una regla decimonónica es indispensable para construir un régimen fiscal moderno, pero un cambio de esta magnitud depende de la solvencia de las instituciones representativas.
• https://youtu.be/CMLkBIO-55A vía @YouTube
• Hermanos Flores Magón https://youtu.be/eV9HZhKeTEY vía @YouTube


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