El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez afirmó que duda de algunos de los abogados que se han pronunciado y manifestado por la derogación del delito de "ultrajes a la autoridad" pues detrás de ellos y sus movilizaciones estaría la delincuencia organizada.
El mandatario comentó que los grupos delincuenciales estarían usando a abogados para manifestarse en contra de este delito para lograr su derogación, de ahí el interés de los jurisconsultos para protestar en la plaza Lerdo, como sucedió el fin de semana pasado.
"Nos quieren desarmar legalmente, por eso yo dudo de algunos abogados que están pronunciándose y manifestando contra el delito de ultrajes", dijo.
García Jiménez reiteró que más de 40 jefes de plaza han sido detenidos gracias a dicho delito, por lo que ahora aprovecharían la petición de la CNDH sobre derogar dicho delito.
’Por eso yo dudo de algunos abogados que están pronunciándose y manifestándose contra el delito de ultrajes, qué vamos a hacer si ellos se fueron contra los elementos de seguridad, cometieron el delito de ultrajes, vamos por ellos y hasta cabe la detención, por eso se diseñó la modificación. ¿No creen que este tipo de grupos están interesados en pagar a ciertos abogados para decirles "vete a plaza Lerdo para que quiten el delito de ultrajes y que con eso salgan los delincuentes?’, dijo.
No solo se trata de derogar por derogar, el Congreso Local tiene tiempo para analizarlo.
García Jiménez dijo que en el tema del delito de ultrajes a la autoridad será el Congreso local la instancia que determinará su derogación, pero pidió que se analice de manera integral el tema.
’El Congreso decidirá, lo que pido es que analicen bien porque no es derogar por derogar; yo ya envié mi propuesta pero el análisis corresponde al Congreso, que no hagan lo del 2003 que el entonces diputado local del PAN Julen Rementería votó a favor y ahora dice que está mal, yo no lo quería creer, pero resultó que el entonces diputado local Julen ahora es diferentes al senador Julen ,así de congruentes son’ dijo.
Además, negó que haya plazos que obliguen a los diputados locales a acatar la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
’Que el Congreso decida, que ellos vean las formas, no hay plazos, ellos son un órgano soberano y podrán decidir, pero sí es importante que vean el tema del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice que la prisión preventiva oficiosa está catalogada para cuando se ejerza violencia’.
