La United Food and Commercial Workers (UFCW) de Canadá y la Central Campesina Cardenista (CCC) plantearon la necesidad de transformar los consulados mexicanos en auténticas procuradurías de defensa laboral para los trabajadores agrícolas migrantes.
La propuesta fue presentada por Max Correa Hernández, presidente del Consejo Nacional de la CCC, durante una reunión con el sindicato canadiense, con el objetivo de fortalecer la protección de los 26 mil trabajadores mexicanos que participan en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), de los cuales un 10 por ciento son originarios del Estado de México.
En la mesa de trabajo, donde participó Barry Sawyer, presidente de UFCW, se destacó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abre la oportunidad de hacer efectiva la cláusula de reciprocidad laboral prevista en el capítulo 23, que garantiza el derecho a la libre asociación, la negociación colectiva y la eliminación del trabajo forzoso.
Correa Hernández subrayó que la iniciativa asegura a Canadá mano de obra suficiente y capacitada para su seguridad alimentaria, mientras que a los connacionales les brinda respeto a sus derechos humanos y laborales, además de certeza migratoria. Sin embargo, reconoció que las condiciones reales enfrentadas por los jornaleros son adversas: barreras lingüísticas, aislamiento geográfico, desconocimiento de leyes y diferencias culturales que los colocan en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, Pablo Godoy, jefe de la oficina de presidencia de UFCW, recordó que el sindicato ha encabezado durante más de tres décadas batallas legales en distintas provincias canadienses para defender a los trabajadores agrícolas, enfrentando casos de repatriaciones injustificadas, accidentes laborales, acceso a seguros de empleo, derechos de las mujeres jornaleras y la sindicalización en granjas.
La historia del programa se remonta a 1974, cuando los primeros 203 campesinos mexicanos, en su mayoría mexiquenses, viajaron a Canadá tras la firma de un memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos.
En 2020, UFCW y la CCC lograron convocar al Gobierno del Estado de México y a las secretarías del Trabajo y Relaciones Exteriores para mejorar las condiciones laborales de los migrantes. Posteriormente, en 2025, se firmó un convenio de colaboración que permitió capacitar a más de mil trabajadores mexiquenses en materia de derechos laborales y humanos antes de su partida a Canadá.
